1.

Los últimos acontecimientos de la “esfera de discusión literaria peruana” han sido intensos, como pocas veces se ha visto en tiempos recientes. A estas alturas se ha dicho mucho desde diferentes plataformas, así que pienso que, antes de abordar la cuestión problemática que ha concentrado la atención de escritorxs y agentes relacionados al sector del libro y la cultura, primero, es más que necesario atender a algunos hechos preliminares.

Días antes de concluir el mandato constitucional del gobierno de Francisco Sagasti, el ex ministro de cultura, Alejandro Neyra, dio a conocer a la prensa una primera lista de autorxs, académicxs y profesionales del libro que formarían parte de la delegación que el Perú, en calidad de «País invitado», enviaría a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (de aquí en más FIL-G). El evento es considerado uno de los puntos de reunión, promoción y discusión literaria más reconocidos de Latinoamérica y este 2021 se llevará a cabo presencialmente entre los días 27 de noviembre y 5 de diciembre.

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Como suele suceder desde hace décadas, los criterios de selección de los autores que formarían parte de la delegación no eran de dominio público y obedecerían a factores que, entiendo, por mi experiencia en la administración como servidor, admiten cierta discrecionalidad. Digo «cierta» en tanto que podríamos sostener que, en efecto, existen criterios y líneas atendibles que la administración utilizaría para poder ponderar y sopesar algunas propuestas de beneficiarios. No obstante, lo más elemental que debe aclararse en este punto, aunque a veces muchos lo den por entendido, es que se presupone que cualquier selección de este tipo se realiza bajo un estándar mínimo de calidad literaria y bajo distintas consideraciones que involucran, a su vez, a un grupo de sugerencias entre las que se mezclan informes consultivos de críticos, académicos e instituciones (como la Biblioteca Nacional del Perú, otros ministerios, asociaciones de editoriales, cámaras del libro, claustros y demás instituciones vinculadas a la producción académica), dictámenes de los servidores a cargo de la delegación, opiniones de los superiores de estos, recomendaciones de asesores internos y externos, críticas de los aparatos mediáticos y tantas otras derivas como se puedan imaginar/admitir (incluso un buen marketing podría influenciar en este punto). O al menos esto es lo que se presupone, pero, como veremos más adelante, hablar de «talento» como un único medio ideal de selección, dadas las múltiples veces que hemos arqueado una ceja al leer algunos nombres detectados en listas del pasado, sería un tanto ingenuo… claro, si no se entiende que además del consabido “talento”, participa el concurso de otros criterios objetivos, subjetivos y hasta de orden político o socioeconómico igual o más gravitantes, materialmente hablando.

Sin embargo, bastará por ahora con precisar algunos de los criterios que son o han sido usados por anteriores gestiones de carteras ministeriales. Por ejemplo, si hay un autor o autora que obtuvo un reconocimiento auspiciado/ organizado/ gestionado por el propio Estado (dígase un Premio Nacional de Literatura, Premio Copé, Premio del Banco Central de Reservas, de la Presidencia del Consejo de Ministros o de algún ministerio como el de cultura o educación), existen mayores probabilidades de que aquel creador o creadorx sea considerado como un posible seleccionadx frente a otrxs autorxs que quizá no cuenten con tales distinciones. Lo mismo ocurriría con otros premios literarios de prestigio internacional (Herralde, Alfaguara, Planeta, Goncourt o similares) o incluso con los galardones entregados por privados (pienso en las distinciones hechas por asociaciones, cámaras, fundaciones, diarios, editoriales, institutos nacionales o internacionales y así). Trato de pormenorizar las variables porque, creo, es obvio que un Premio Nobel ocupa una mayor consideración frente a la valoración de algunos funcionarios y, por ende, resulta ocioso hasta mencionarlo.

Estos serían algunos lineamientos apriorísticos mediante los que algunos comisionados podrían esbozar los nombres preliminares de lxs beneficiarixs. Sin embargo, las distinciones literarias no lo son todo y, hay que decirlo, se dan casos en los que tampoco son abordadas como una garantía de calidad literaria. En especial si consideramos que los demás criterios de selección pueden variar e ir desde consideraciones como la hoja de vida literaria-académica, las publicaciones hechas, la valoración crítica positiva que han recibido tales publicaciones, los tópicos de interés que los autores abordan, el idioma en el que lxs creadorxs han escrito su obra, la trayectoria profesional o las áreas y especialidades de desempeño.

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¿Las anteriores opciones comprenden todas las motivaciones por las cuales se puede seleccionar a un autor o autorx para conformar una delegación oficial que será financiada con partidas del presupuesto nacional? ¿Qué otros criterios se han seguido para este fin en el pasado? Aquí es donde el asunto se complica un poco más porque es innegable que en todas estas deliberaciones entran a tallar las fuerzas vivas y los actores político-económicos del campo literario. Y sí, son en el grueso de factores que alguien con mediano conocimiento del estado del arte, por así decirlo, podría señalar sin temor a equivocarse: el lobby; el entramado de relaciones públicas construido por lxs creadorxs; la presión que las editoriales, en tanto más grandes y prestigiosas, ejercen; las recomendaciones de sectores socio económicos y políticos vinculados al poder y, demás está decir, los engranajes de influencias de un establishment literario y académico cerrado, tendente a la endogamia y que se afinca en espacios de poder capitalino-limeño, centros públicos y entidades privadas, o que rotan entre uno y otro, como cualquiera con mediana curiosidad puede constatar en el historial de los último 20 años repartidos entre el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Ministerio de Cultura (una fecha algo caprichosa, lo sé, pero es para no ir más allá del retorno a la democracia y la caída del fujimorismo). 

Por supuesto, muchos de estos factores discutidos en el párrafo anterior son cuestionables, pero el hecho de que lo sean no anula su existencia real y mucho menos neutralizan EL IMPACTO que tienen sobre las concepciones de la oficialidad cultural estatal. Recordemos, pues, que una lista de delegación que recibirá un financiamiento público para suplir las necesidades de sus miembros, asegurarles promoción/exposición de sus trabajos y, lo más importante, adquirir el estatus de “embajadores culturales” en uno de los eventos internacionales del rubro más relevantes nunca se hace de forma “inmotivada”. El punto, visto a detalle, resulta esclarecedor: Ningún caso en el que el Estado se decanta a favor de un autor o autorx para integrarlo a una delegación carece de una razón/motivación/explicación, lo que no equivale a decir que todas las razones/ motivaciones/ explicaciones que fundamenten una designación sean igualmente aceptadas, tomadas por satisfactorias o susceptibles de críticas. Entonces, ¿hay discrecionalidad en la manufactura de listados en los que se deba designar a creadorxs para ferias y para eventos varios? La hubo en el pasado y la hay en el presente. Pero ninguna elección resulta gratuita por definición, incluso las que son producto de factores extraliterarios como el influjo del establishment, la presión de los agentes económicos-comerciales y editoriales, hallan su explicación en sí mismos (explicación por cierto cuestionable frente a otros criterios que intentan cierta “objetividad”, pero explicación al fin y al cabo).

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Llegados a este punto, creo que también es preciso afirmar que existen ciertas líneas de políticas públicas que los ministerios y las dependencias estatales deben seguir, aun dentro de márgenes de discrecionalidad amplísimos como los que hemos visto, y con mayor interés si la materia compete al sector cultural. En ese sentido, creo conveniente referirme a dos de ellas, las dos más básicas en realidad dentro de las prácticas de una buena gestión cultural pública.

La primera línea estaría relacionada con el cuidado que la elaboración del listado de seleccionados debe atender para cumplir en lo posible con responder a una diversidad cultural manifiesta en el país. Esto implica hacer un mapeo previo y garantizar la presencia cada vez mayor de sectores que, de otro modo, y dadas las tensiones del campo cultural, serían borradas por el centralismo limeño que, con frecuencia y con base a antecedentes) tiende a valorar y focalizar mejor a actores poseedores de un mayor capital cultural (y muchas veces económico y mediático) acumulado. Aquí uno comprueba la importancia de proceder desde la gestión pública cultural siguiendo líneas de enfoques de interculturalidad, descentralización, representatividad de poblaciones originarias, lenguas originarias, procedencia y radicación de lxs autorxs y tópicos abordados por su obra. Estas y otros planteamientos similares deberían incidir aquí como un pilar antagónico al discurso fácil de una supuesta meritocracia que, detrás de sus ropajes verbales, con frecuencia se acude a esta para ocultar una larga serie de privilegios remitidos al abolengo, al roce social, al círculo íntimo de conocidos y a una situación económica que permite el espacio y tiempo para dedicarse a actividades edificantes para el oficio de escribir. Es decir, todas muestras de situaciones que poco o nada tienen que ver con la definición de mérito o esfuerzo personal.

La segunda línea que se toma a consideración es la de buscar una participación más o menos paritaria o que no solo contemple a las mujeres creadoras y a lxs creadorxs LGTBIQ+ como simples cuotas o números que se tienen que copar. Los ejemplos desastrosos de esto los tenemos a raudales en el pasado, pero siempre me gusta graficar la imagen de lo que se debe evitar con aquella estampa en la que Vargas Llosa, sentado en la mesa que abre una de las Ferias Internacionales que se montó en su honor (FIL LIMA 2019), departía a su diestra y siniestra con un panteón de hombres, blancos, heterosexuales y de “cierta edad” y procedencia socioeconómica. Una mesa homogénea que, a decir de muchxs críticxs, bien podría haber salido de algún montaje con el “Cara al sol” de soundtrack. Y es esa clase de gestos los que no contribuyen a ensanchar la base de representación (importante desde muchas aristas que van desde la bibliodiversidad a la socioliteratura) y, mucho menos, muestran un reflejo del trabajo que lxs autorxs proponen desde una multiplicidad rica de discursos, experiencias, procedencias y escrituras.

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A lo dicho, me parece que podemos añadir una tercera línea NO ESCRITA, pero que debería mantenerse omnipresente al momento de concebir desde la institucionalidad del aparato estatal una delegación de autorxs para representar al país en el extranjero y a petición de una nación que, por lo demás, te consagra como el país invitado a la FIL-G: SE DEBE OBSERVAR EN TODO MOMENTO UNA LÍNEA ÉTICA MÍNIMA. El ejemplo más sencillo es que un Estado democrático no podría o no debería financiar con DINERO PÚBLICO a personajes que entrañen / exhiban discursos de odio, racistas, segregacionistas, homofóbicos, difamatorios o injuriosos de cualquier tipo, bajo ningún concepto y ninguna justificación, y ya no por mero protocolo, sino porque existe un compromiso básico con los principios que insuflan a un Estado de Derecho democrático y que cautela la imagen internacional que el país ofrece a sus pares. Si un autor que incurre en alguno de estos supuestos nocivos desea acudir al evento, que lo haga a título propio o que recurra a su editorial. Siempre ha sido libre de hacerlo. Pero, considero necesario señalar que tal personaje o personajes no deben tener cabida en una representación oficial financiada con las contribuciones de todxs los peruanxs. Esto debe quedar claro. De seguro, algunos afectados o aludidos apelarán a la carta del “talento” o sus “méritos literarios”, pero esas cartas muchas veces suelen ser declarativas y acaban desmoronándose cuando vamos con ojo crítico y estético a la obra de quienes escudan sus miserias en supuestas dotes que, las más de las veces, solo creen poseer y NO TIENEN.

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Volvamos entonces a la primera delegación elaborada por la gestión gubernamental de Sagasti-Neyra. Como se muestra en el cuadro que sigue después del presente párrafo, dicha delegación original tenía sesenta (60) miembros, treinta (30) de los cuales eran mujeres. En ese interín es también importante acotar que solo un tercio (1/3) del total de lxs beneficiarixs representaban a los demás departamentos del país, lo que, por consiguiente, significaba que el grueso de la delegación, casi los dos tercios (2/3) de escritorxs presentes, venía de Lima.

Con todo, si uno revisa los medios nacionales e internacionales que tocaron el anuncio, no tardará en notar detalles cuestionables desde la óptica de la gestión pública y, si se quiere, para decirlo con mayor precisión, desde lo que atañe a los actos idóneos de gobierno. Pero calma, antes de sacar conclusiones apresuradas permitan que se explique el sentido de lo dicho.

Verán, es parte de las buenas prácticas de gobierno entender no solo administrar el aparato público sino entender que tal labor debe considerar la idoneidad de sus actos (máxime si están investidos de una importante carga discrecional). Actos que, aunque se encuentran dentro de atribuciones y competencias funcionales todavía vigentes por unos días u horas (léase manufacturar una lista de delegación literaria mientras los funcionarios y servidores llamados a ello se encuentren en ejercicio), deben siempre condecirse de manera obligatoria a la EVALUACIÓN DEL MOMENTO, EL CONTEXTO Y EL TIMING en el que van a tomar lugar. Y aquello implica que se debe sopesar las posibles consecuencias, ya no solo jurídicas, sino también sociopolíticas que acarrearán las decisiones a ejecutar, en especial si estas son parte del último paquete de medidas que sellará el término de una gestión con miras a una inminente transferencia democrática de gobierno con fecha hito en el 28 de julio, día de la independencia, bicentenario del Perú y entrada de un nuevo presidente al historial republicano.

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Precisemos aún más lo dicho y veamos los hechos. La lista de escritorxs seleccionados para Guadalajara se habría manejando en reserva por el gobierno Sagasti-Neyra con (presumo) más o menos unas semanas de antelación. Luego, a un día del término del mandato constitucional de la gestión, en específico, el mismo 27 de julio de 2021, se publicó la Resolución Ministerial N° 195-2021-DM-MC con la lista de beneficiarixs. El anuncio, por supuesto, fue hecho el mismo día por el ex ministro y la directora de la FIL, Marisol Schulz. Desde ahí la información rebotó a los medios periodísticos de escala masiva tras haber trashumado el velo de los rumores y conversaciones de despacho.

Con lo expuesto hasta aquí, me pregunto (de nuevo) si aquel anuncio y proceso de selección no habría sido mejor dejárselo a la nueva gestión presidencial-ministerial que iba a asumir el mando del país horas más tarde. Sin duda alguna, en el marco de la legalidad, decidir cómo se conforma una delegación de autorxs se encontraba dentro de las competencias y atribuciones legítimas de la gestión Sagasti-Neyra, así como también, por poner un ejemplo relacionado, le habría correspondido, ciñéndose al marco de la constitución y las leyes, al anterior Congreso de la República de la gestión 2020-2021 escoger magistrados del Tribunal Constitucional. No obstante, y esto es casi un mantra dentro de la gestión del Estado, no siempre lo contemplado y atribuido en la norma (es decir, lo legal) es oportuno en el “momento” (lo legítimo-idóneo), en especial si lo que se busca es evitar actos que, en el futuro inmediato, podrían tomarse como imposiciones de un gobierno saliente a otro que recién comienza y, en el peor de los escenarios, desatar conflictos diversos en función a decisiones que lo que harán es echar a andar la maquinaria presupuestal y administrativa del Estado sin mucho margen posterior para cambiar lo establecido.

¿Qué fue lo que ocurrió al cambiar de gobernante y de administraciones ministeriales? Como era de esperarse en un país con décadas de postergación en los grandes debates y soluciones a problemas urgentes de pobreza, ensanchamiento de brechas sociales, centralismo, clasismo/racismo, reconciliación postconflicto irresoluta y difamación contra el pensamiento independiente (acusaciones de terrorismo que en el Perú adquieren el neologismo de “terruqueo”), no tardó en suscitarse un conflicto que pudo evitarse y, desde el lado del Estado, abordarse con mayor eficiencia.

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Tras una campaña electoral signada por la polarización entre la ultraderecha (desde el espectro conservadora anticomunista al liberal), liderada por el fujimorismo, y una izquierda que apoyó al candidato del movimiento de Perú Libre, Pedro Castillo, en julio de 2021 la nueva gestión presidencial entró con un apoyo fundamentalmente de base popular y de provincias y en medio de un trato hostil por parte del establishment político, mediático, económico y cultural-hegemónico-pragmático de una Lima metropolitana fraccionada. A lo cual deberíamos sumar que el centro político o de plano se fue con el fujimorismo o se sumó, con reparos y algunas desconfianzas entendibles, a la coalición anti-fujimorista que votó en contra de la candidata eterna del fujimorismo, Keiko Fujimori.

En medio de ese clima de animadversión, entre el accidentado discurrir del gobierno de turno y los linchamientos públicos encabezados por la misma derecha dogmática que en menos de un mes pasó del “¡hubo fraude, terroristas!”, al “¡queremos vacancia porque Sendero Luminoso está en el poder!”; en agosto de 2021, la nueva administración del presidente Castillo, con el señor Ciro Gálvez al frente del Ministerio de Cultura, anunció la revisión y reestructuración de la lista de seleccionadxs/ beneficiarixs por la anterior gestión para representar al Perú en la FIL-G.

La justificación del nuevo gobierno para asumir el reto de la modificación de la delegación peruana se sustentaba en que le competía a la administración entrante observar, consultar, revisar e inclusive modificar, en uso legítimo de sus atribuciones, la conformación de la lista de de lxs escritorxs, académicas, creadorxs y profesionales del libro con miras a dotar de mayor representación a actorxs valiosxs que, de otra forma, no serían considerados tomando en cuenta que hasta la fecha nunca habrían sido llamados para iniciativas similares, en primer lugar. El énfasis se hacía entonces para creadrxs de tradiciones lingüísticas, procedencias geográficas y abordajes temático histórica y sistemáticamente eclipsados por una industria editorial y campo literario cuya hegemonía se asienta en valores occidentales y, por ello, más o menos uniformes en cuanto a mantener ciertos parámetros estéticos que hagan posible su consumo dentro del circuito urbano-capitalino y la posibilidad de ventas/traducción hacia afuera, aunque, valgan verdades, los últimos años no se han dado muchos esfuerzos apreciables de internacionalización de autores y libros vendidos de editoriales trasnacionales con base en Perú (la verdad sea dicha).

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Es un error ontológico suponer que las iniciativas culturales financiadas/ organizadas por y desde el Estado deben ser meras extensiones burocráticas de las lógicas que rigen los designios de un mercado editorial o mercado artístico en específico. La promoción de autorxs tampoco puede concebirse solo como una confirmación de los números de ventas de libros específicos o la continuidad de programas de marketing editorial. El Estado, al menos bajo la concepción vigente del modelo social de mercado aplicado a las iniciativas de promoción y gestión cultural, tiene un compromiso con incidir en un campo literario que, desde el principio, no se encuentra nivelado para todxs lxs agentes que participan de sus dinámicas. Podríamos aludir a las clásicas categorías de centro – periferia que se reproducen al infinito en diferentes espacios oponibles y al mismo tiempo constituyentes de la sociedad peruana: Lima metropolitana – Lima provincias, Lima capital – las demás regiones y departamentos del Perú; capitales de departamento –provincias, y así en lo sucesivo. Nótese entonces que en cada uno de los escenarios surgidos a partir de esta interrelación es constatable que la centralización del poder tiende a alejarse de los márgenes y a concentrarse más y más lejos del “interior”, haciendo de todo aquello que resulte fronterizo o lejano frente a la lógica del centro cercana al poder cultural devenga por defecto en las etiquetas de “lo ajeno”, “lo otro”, “aquello susceptible al mal gusto o a la falta de “preparación”. Negar este hecho ya no es solo un signo de miopía de quien lo hiciere, sino también una muestra patente de mezquindad.

La revaloración y promoción estatal cumplen un rol de interés comunitario y en favor de una puesta centrada en la diversidad de representaciones de esas “otras” literaturas a las que se etiqueta como «menores» o se les acusa de carecer de méritos que ciertos sectores reclaman unívocamente para sí. Este papel promotor deviene importante para quienes han sido relegados a los bordes y lugares de enunciación tenidos por periféricos en medio de las dinámicas desarrolladas por los espacios donde se centraliza el “prestigio-buen gusto-calidad” de la ciudad (que intenta ser y asumirse) letrada.

Hay situaciones donde tenemos agentes culturales que, aun cuando tienen un talento comprobado y un trabajo de construcción de obra en ciernes, no pueden desarrollar a plenitud sus actividades orientadas a alcanzar la satisfactoria concesión de sus proyectos (o por lo menos, no como se debiera). Los motivos responden a limitaciones estructurales que afectan a los espacios situados en los extramuros de sectores cultural y sociopolíticamente mejor posicionados. De este modo, algunas de las brechas con las que se topan los agentes culturales afectos son, a saber: lograr la atención de la crítica (para quien en su mayoría solo parece notar lo escrito en Lima), asegurar la distribución nacional de sus producciones (y ni se diga internacional), conseguir cierta atención mediática que trascienda la nota de tinte anecdótico/ exótico, participar en eventos convocadas por instituciones públicas o privadas y acceder a espacios de publicación formal. Y estas son solo algunos problemas que enfrentan a contraposición de las muchas ventajas comparativas de las que un núcleo de sus pares pueden gozar, más que por razones de “mérito” o “trayectoria”, debido a que nacieron, crecieron o se instalaron en contextos que les han permitido, primero, cubrir ciertas necesidades básicas holgadamente; segundo, cultivar nexos, relaciones y conexiones con agentes culturales-literarios-académicos-profesionales que gozan de cierto prestigio en la configuración presente del campo literario; tercero, construir vínculos o relaciones con espacios de difusión mediática; y, tercero, dedicar esfuerzos a un oficio que requiere, además, tiempo de ocio (entendido este como el espacio posible para leer, escribir y desarrollar un proyecto de vida necesario más allá de la satisfacción de necesidades básicas).   

¿Cómo alcanzar la integración de estos agentes marginados, nulificados, invisibilizados o subestimados a una lista inicial de delegación para la FIL-G que no focalizaba su atención en ellxs? Una de las medidas inmediatas que encontró la gestión ministerial de Ciro Gálvez era revisar composición de la misma sobre la base de lo ya establecido por la administración anterior y realizar adiciones a dicho contingente según los lineamientos de descentralización e inclusión tratados líneas arriba. O al menos aquello era lo que se intentaba.

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Teniendo en cuenta las posibilidades y dificultades de lo que implica una ampliación de cupos, se debe atender a un criterio específico adoptado por la gestión del propio ministro de Cultura como un filtro de selección determinante para reestructurar la delegación de creadorxs que iría a la FIL-G. Dicho criterio implicaba determinar qué autorxs han participado recientemente en eventos internacionales de similar envergadura para, a partir de ello, reconsiderar su inclusión en esta delegación. Y, por lo que se sabe, se tomó como la referencia más próxima a la relación de beneficiarixs que el Estado aprobó para la participación del Perú en la Feria del Libro de Santiago de Chile (FILSA) del año 2018.

El 18 de septiembre de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 240-2021-DM-MC, se publicó una nueva relación de creadorxs, autorxs, artistas y profesionales que formarían la lista definitiva para la FIL-G.

Si la lista inicial de seleccionadxs durante el gobierno Sagasti-Neyra tenía sesenta (61) miembros, de los cuales treinta (30) eran mujeres y cuarenta y dos (42) personas del total procedían de Lima; tras la modificación hecha por el gobierno Castillo-Gálvez, ahora se tienen a sesenta y nueve (69) integrantes, de los cuales treinta y dos (32) son mujeres y treinta y dos (32) participantes son originarios de regiones y provincias distintas de Lima-Callao. Estas variaciones pueden ser apreciadas mejor en el siguiente cuadro:   

Luego de la valoración formal de la construcción de la propia selección, saltan otros detalles que son dignos de resaltar, siendo el primero de ellos la recalificación y reorganización de los campos de especialización en los que se agrupa a los distintos miembros de la delegación y la inclusión de dos campos que la anterior relación había obviado: Literaturas orales y Arte tradicional y/o arte popular. Con ambas adiciones de categorías, se amplía el segmento de creación literaria, el cual pasa de tener cuarenta (40) representantes a contar con cuarenta y cinco (45) creadorxs, y se incorporan cinco (5) nuevxs artistas tradicionales.  

Dichos cambios no solo fueron adiciones en la selección para la FIL-G, sino que, dado el criterio adoptado en función a la rotación de autorxs y al afán de procurar mayores oportunidades a quienes no hubieran participado de eventos similares, se excluyó a destacadxs autorxs y profesionales en tanto que el grueso de ellxs ya habría participado, como se explicó líneas arriba, en la FILSA 2018 según puede verse en el anexo de la Resolución Ministerial N° 411-2018-MC. Eso explicaría la ausencia de narradorxs de importante producción dentro de la literatura contemporánea peruana como Katya Adaui, Karina Pacheco y Cronwell Jara. El mismo criterio se aplicaría para lxs autorxs Gabriela Wiener, Renato Cisneros, Jorge Eslava y Carmen McEvoy. Con respecto a la valiosa investigadora Nelly Luna Amancio quien no se hallaría comprendida en la lista FILSA 2018, su exclusión se debe a la renuncia que realizó en el mes de agosto de 2021 como reacción a las declaraciones que el ministro Ciro Gálvez dio a un medio de comunicación y en donde apuntaba que se revisaría la lista de los miembros de la delegación peruana.

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Finalmente, tras estas adiciones, exclusiones y reestructuraciones, el resultado exhibe una variación entre el número de mujeres por segmento de especialización, el cual, contrario a lo que ciertos sectores habrían apuntado, acumulativamente, acaba siendo mayor al de la relación elaborada por la ex cartera de Neyra. Aunque, también es verdad que solo las mujeres han visto el recambio de cinco de sus integrantes en los apartados académicos y de creación literaria, recambios que, en el caso de sus pares hombres, no ha sido tan palpable. Lo cual sin las explicaciones apropiadas no puede ser visto más que como un precedente negativo. Es en este extremo que quizá la comisión encargada de armar la delegación pudo y debió conducirse de un mejor modo, procurando observar criterios de paridad lo más posible para evitar que, desde el público y los afectadxs, se tenga la percepción de que solo a las autorxs se les tiene como a piezas sustituibles. Esto último es un manejo de crisis que por desgracia no se ha visto ni en esta ni en ninguna gestión del MINCUL anterior y que, creo, nos sirve a todxs para comprender la importancia de mantener canales de comunicación eficientes frente a los involucrados y a la ciudadanía. Veamos el cuadro que he elaborado a continuación para poder asir el impacto de lo explicado:

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Frente a lo sucedido, considero que una de las propuestas que hubiera funcionado para el propósito de la nueva administración Castillo-Gálvez, y en términos ideales de gestión pública, habría sido gestionar la ampliación de la delegación de creadorxs inicial sin generar exclusiones que, por supuesto, han motivado la solidaridad con lxs afectadxs.

Aquella solución requeriría mantener la lista base sin cambios, por el momento, y solo procurar generar las añadiduras conformadas por todxs aquellxs creadorxs y agentes omitidos bajo los criterios (comparativamente más centralistas, como se ha visto) de la gestión pasada. Ya efectuado lo anterior, se podría haber comunicado desde los canales oficiales y de cara a la opinión pública que, de ahora en adelante, durante el periodo de gobierno 2021-2026, la gestión adoptaría el compromiso de observar mejores y más abiertos criterios de selección basados en la pluralidad de las literaturas peruanas, los mismos que serían aplicables a las próximas delegaciones que pudieran conformarse en el futuro.  

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¿La ampliación de cupos entonces podría haberse figurado como una única medida? De hecho, en el mejor de los escenarios, tampoco podría señalarse como la única dado que se halla supeditada a que la obtención de partidas destinadas a financiar cupos adicionales para incluir a más beneficiarixs resultase una opción pacífica y de rápida aprobación en materia presupuestal y administrativa. Y es este último respecto lo que, para quienes conocen el manejo procedimental de la administración pública y sus protocolos, hace de esta posibilidad una solución posible, aunque difícil sin que se deba matizar o hacer ciertas concesiones.  

Aun así, creo que se hubiera podido salvar más de un inconveniente con un adecuado manejo de crisis por parte de los servidores y funcionarios del Estado encargados de la elaboración de la delegatura peruana para la FIL-G. Además de que se hubiera cautelado mejor el bienestar de quienes resultaron afectados por la exclusión de su participación, máxime si tenemos en cuenta que entre el 27 de julio de 2021 y el 18 de setiembre de 2021 hubo poco más de un mes y es muy posible que muchxs de ellxs quizá tomaron las previsiones conducentes a garantizar su presencia trunca: planes, permisos laborales, reuniones o actividades, cancelación de compromisos editoriales, privación de presentar sus publicaciones y demás. Sobre todo, porque resulta “poco serio” desde lo protocolar que a menos de tres meses de suceder dicho evento se produzcan “desinvitaciones” de cara a los creadorxs y de cara a una organización internacional coordinada por otro Estado. Pero, cargar con la absoluta responsabilidad del impase a este gobierno es falaz y ya lo hemos referido: si el gobierno saliente de Sagasti-Neyra no se hubiera empeñado en publicar una lista EL ÚLTIMO DÍA DE SU MANDATO, si la relación hubiera sido realizada con paciencia y tiempo por esta administración, como correspondía por mesura y tino, el conflicto principal de hacer y deshacer se habría evitado o, cuando menos, habría sido menor.

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Ahora bien, lo que ocurrió después de hecha pública la nueva lista para la FIL-G, el 18 de setiembre, podría resumirse en copiosas muestras de solidaridad pronunciadas por diferentes actores del sector literario nacional (incluyendo a varios participantes que todavía integran la delegación FIL-G y que han confirmado su participación), pronunciamientos de lxs afectadxs, columnas periodísticas, statement virtuales de personas relacionadas al medio literario, una serie de renuncias que una decena de los todavía integrantes de la FIL-G en señal de disconformidad con la situación de lxs creadorxs que fueron retiradxs y, por si fuera poco, discusiones fuera de foco, muchas de ellas empleadas para expeler una carga inusitada de declaraciones rebosantes de un clasismo, racismo y ombliguismo repudiables.

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En este punto me gustaría abordar las renuncias y, principalmente, incidir en algunos señalamientos y discursos que se han construido a partir de estas, como los enarbolados por otrxs escritorxs desde sus muros de redes sociales, entrevistas y medios web, tan solo por hacer referencia a ejemplos bastante mediáticos reproducidos durante los últimos días.

El derecho a decidir si se acepta o no una designación gubernamental (para el caso, integrar una delegación de autorxs) recae únicamente en lxs beneficiarios y a ellos obedece dar las justificaciones sobre su desistimiento. Por lo que no es posible impedirle a nadie que permanezca o renuncie si aquello no se haya conforme a su voluntad y motivaciones personalísimas.

Aclarado este punto no podemos obviar un hecho cierto: que después de producidas el grueso de renuncias que, en principio, y a decir de quienes las efectuaban, se dieron en solidaridad con la exclusión de lxs autorxs precitadxs, algunas de estas fueron instrumentalizadas (por terceros o por lxs propixs renunciantes) para deslizar postulados bastante peligrosos, mellando la naturaleza autodeclarada de tales acciones. ¿Es admisible el adjetivo «peligrosos» utilizado para calificar aquellos dichos? Yo creo que sí, puesto que el riesgo de tales premisas ya no solo se manifiesta porque estas apelen a un sentido sesgado y rancio de concebir la escena literaria (únicamente occidentalizada, limeña y producida bajo un discurso literario-axiológico más o menos homogéneo), sino porque, además, construyen un razonamiento que tiene por pivote la subestimación de la calidad, talento y aptitudes de los autores regionales recientemente incorporados. Escritorxs que no suelen formar parte de ningún listado oficial de nada sin que ello haya motivado protestas en el pasado por su ausencia (y cuando el entramado del poder solía concentrarse en nombres conocidos y solo en ellos, nadie se quejó y esto es un hecho). O que, cuando son considerados por el Estado o desde iniciativas privadas, se les suele incorporar como una cuota exótica-provinciana-distrital antes que por la voluntad de valorar su producción como se debiera.

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En principio, no existe tal cosa como una única literatura peruana y sobre el particular se viene ensayando con insistencia desde los tiempos de José Carlos Mariátegui, siendo, de hecho, asunto del último de sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Cómo podría entonces sostenerse semejante declaración, monocorde y monolítica, frente a la presencia en el país de una multiplicidad de voces, tradiciones, discursos y tópicos que se hallan en constante dinamismo, transformación construcción y diálogo continuo, a veces antagónico? Existen, sí, convenciones que se imponen como paradigmáticas, parámetros de buen gusto, formas de “escribir bien o mal”, una predominancia por un español mesocrático, puro, elegante, acaso preciosita o de plano funcional y de rápida traducción. Hay también una preminencia de la historia por sobre el estilo y una desatención por la voz propia que acaba siendo suplida por hacerse de un estilo o de un arsenal de técnicas que se adhieran lo más posible a las tendencias globales que aseguren “el nombre” y/o “la venta” antes que la búsqueda disruptiva de un “algo” diferente. El problema, como denunciaban en su momento proyectos literarios y políticos-estéticos como “Narración” en la narrativa y “Hora Zero” en la poesía nacional, es que gran parte de estos imperativos han sido instaurados por, para y desde los actores que ostentan un lugar de mayor influencia en el campo literario. Tales convenciones generalmente son, por un lado, entendidas desde un marco estético arraigado a las dinámicas del mercado y, por ende, a la lógica de las ventas que suele acompañar con mayor predominancia a los espacios propios de la narrativa; y, por otro, a las redes de influencias que se tejen entre los agentes mejor posicionados en la escena literaria centralista de la capital del Perú y que es reproducido, a su vez, en las escenas de provincia con menor o mayor suerte. A este entramado se le conoce usualmente y desde lo coloquial como “argolla”. Y negar su existencia es aceptar la impunidad con la que se ha venido operando tras bambalinas no ahora sino desde hace décadas.

Pienso que expresar la solidaridad con las partes afectadas de ninguna forma debe pasar por tachar de “desconocidos” a lxs creadorxs incorporados a la delegación, como si ha ocurrido en algunos casos donde incluso hasta terceros que no participaron de la primera o segunda selección así lo han referido explícita o tangencialmente, de forma velada. El hecho que un grupo de autores desconozca el trabajo cultivado fuera de Lima por diversxs escritorxs nos revela las falencias de quienes esgrimen ese argumento en cuanto al conocimiento de los diferentes corredores, escenarios y medios que existen en el país y, de forma alarmante, nos muestra también que la marginalización que se aplica a todo lo que surja fuera de los muros de la “ciudad letrada hegemónica” (Lima) siempre será visto sino con paternalismo y condescendencia (en los casos más “suaves”) o con desconfianza, animadversión o de plano bajo el viso del rechazo liminar (en los casos donde la hostilidad se vuelve patente).

Lxs escritorxs ajenos al circuito editorial comprendido por ciertas editoriales en desmedro de otras y ajenos a los espacios comúnmente relacionados a los sectores socio económicos A-B (de la capital y de las capitales de departamentos) son forzados a “probar que merecen entrar” al campo cultural predominante, a una lista, a las páginas de suplementos y a los demás medios de difusión y validación de su obra que podamos imaginar. En otras palabras, a lxs “otrxs” siempre se les ha impuesto criterios de valuación extra para demostrar que sus producciones cumplen con una tasación de mérito hecha bajo las especificaciones aceptables por la escena hegemónica a la que, sin duda, pertenecen gran parte de quienes han renunciado y, luego, de inmediato, esbozado estos “argumentos” que pretenden pasar por “meritocráticos” cuando en realidad no buscan objetivar la valoración, sino adecuarla a las brechas que existen y que dotan de ventajas materiales/mediáticas a un puñado de creadorxs por sobre los demás.

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Miluska Benavides, una de las autoras nacionales que ha sido considerada por segunda vez para formar parte de la delegación de la FIL-G, ha reparado sobre este punto y en un comunicado ha expresado un razonamiento que, me parece, resume esta cuestión y que me permito reproducir:

“A la vez que expreso mi solidaridad, rechazo las expresiones racistas/clasistas sobre “meritocracia” y demás adjetivos superlativos, a favor de unas colegas que operan en desmedro de otras, que acompañan ciertas renuncias y denuncias de escritorxs peruanxs, por ejemplo, en los muros de Jeremías Gamboa, Mariana de Althaus, y de todxs aquellxs escritores que usen ese argumento. Puede que para ellxs, lxs “escritorxs regionalxs” sean “desconocidxs”, deban “probar su entrada” a una lista (o la prensa, señalan), pero muchas lectoras hemos leído sus trabajos e incluso compartido espacios. Las escritoras e intelectuales Yésica Patiachi, Mirtha Cartagena Castrillón y Dina Ananco son inclusiones que no necesitan probar nada. Solo por mencionar un caso, Dina Ananco, poeta y traductora, acaba de publicar Sanchiu (Pakarina, 2021), un poemario bilingüe wampís de alta factura, un hito histórico en nuestra literatura de la mano de una escritora. Así, la cantidad de escritorxs de valía de “regiones” que no se encuentran nunca en listas oficiales es larga. Nombres de calidad sobran: Denisse Vega Farfán, Pablo Landeo, Omar Aramayo, Gloria Cáceres, entre otrxs, nos han entregado en los últimos cinco años libros que en otra escena serían conversación. Cuatro de ellxs este año han sacado nuevas publicaciones. Y no se encontraron ni en la primera ni en la segunda lista. He señalado ya mi posición en dos entrevistas sobre el estado del campo literario peruano, sobre la invisibilización y maltrato de escritoras como Patricia de Souza y Pilar Dughi, a quienes ni siquiera tras sus partidas se les hace justicia, y la injerencia de Mario Vargas Llosa. Tal como se encuentra el estado del reseñismo literario, el poder de ciertas editoriales y el centralismo limeño histórico que es lastre colonial, no podemos hablar de “méritos” sino de validación que pasa por “cierta” Lima. Si se abre cualquier periódico o portal de reseñas vamos a encontrar probablemente entrevistas, portadas y notas sobre los mismos escritorxs y la validación de los mismos agentes a los mismos libros. No es difícil probar eso”

Fuente: https://www.facebook.com/miluska.benavides/posts/10226731972309235

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Y si todavía se cobijan dudas de lo ensayado hasta esta línea, les pido que reparen en las más recientes declaraciones de nuestro premio Nobel de literatura, el señor Mario Vargas Llosa, en una entrevista concedida al medio español ABC cultura. Hablar de juicios estrepitosos y vergonzantes se queda corto. Paso a reproducir, con pudor, sus palabras:

«Lo del Perú en la Feria del Libro de Guadalajara ha sido el ridículo más espantoso. Los políticos parecen no entender que la cultura engloba situaciones e ideas complejas y contradictorias. Este año, Perú es el invitado en la Feria de Guadalajara y enviará una representación lamentable. No habrá escritores de verdad, hasta los que estaban con el Gobierno han sido rechazados. Ya no es un fenómeno de incultura sino de estupidez»

Fuente: https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-mario-vargas-llosa-toda-forma-identitarismo-retroceso-libertades-democraticas-202109262101_noticia.html

Una cosa es estar en desacuerdo con el proceder del gobierno y, desde una línea alturada y argumentada, ejercer el derecho inalienable a la crítica. Pero otra, bastante baja, es violentar a lxs creadorxs peruanxs que continúan formando parte de la delegación de la FIL-G al usar términos espantosos como «representación lamentable» para aludirlxs. Y ES AQUÍ CUANDO UNO SE PREGUNTA: ¿Acaso lxs autorxs premios nacionales de literatura como Richard Parra, Sheila Alvarado, Selenco Vega o Lizardo Cruzado, o las autorxs como Dina Ananco, Roger Santivañez, Diego Trelles o la propia Miluska Benavides, única peruana en la lista de los GRANTA, no son «ESCRITORES DE VERDAD»? ¿Por qué tendríamos que tragarnos tamaña afirmación? ¿Solo porque lo dice el señor Vargas Llosa? Encima, por si no fuera demasiado turbio lo vertido por el único sobreviviente del BOOM, se instrumentalizaría el incidente Guadalajara para sugerir que todo es parte de una jugarreta política en contra de los escritores que no apoyaron al gobierno. ¿Creerá el señor Vargas Llosa que todos los escritores estamos dispuestos a apoyar a la candidata fujimorista como lo hizo él? ¿Hasta dónde puede llevarse la mezquindad y la voluntad de decirle a los demás, a los que no comen de la misma mesa que algunas vacas sagradas, que no son NADIE, que no son ESCRITORES DE VERDAD (sea lo que eso signifique), que son LAMENTABLES? Eso solo lo sabe MVL y los que abrazan sus palabras como a tótems apolillados.

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¿Cómo puede pedirse la demostración de “méritos” a escritores que han sido nulificados o sacados de la discusión de la escena hegemónica? ¿Cómo puede actuarse bajo el argumento de una convocatoria pública o CAS si, en primer lugar y como lo enuncié al comienzo de esta reflexión, los criterios para seleccionar a las personalidades que serán beneficiadas en este tipo de eventos ni siquiera son conocidos ni por los propios encargados de hacerlo en tanto que no están escritos en alguna parte y obedecen a un halo de discrecionalidad gaseosa? ¿Puede solicitarse en el Perú algo así teniendo en cuenta los procesos de marginalidad que en muchos casos son regidos desde el poder económico, estructural, editorial, mediático, académico o crítico (si acaso aún queda un sector crítico ajeno a las universidades)?

Estas preguntas exigen no solo asumir que sobre el particular no existen protocolos o iniciativas suficientes dentro de la estructura administrativa del Estado peruano o, por lo menos, no los hay bajo criterios homogéneos. Aquello, sin embargo, no quiere decir que no se hayan venido formulando algunas iniciativas que buscan apisonar el accidentado y desnivelado terreno del campo literario peruano con miras a la construcción de lo que debiera ser un sistema nacional e integral de valuaciones, becas, formación e incentivos. Me explico:

La meritocracia en tanto criterio se viabiliza a través de mecanismo que tratan de reducir al mínimo la discrecionalidad mediante parámetros de valoración objetivados como la convocatoria de concursos públicos con bases normativas, etapa procedimental y anuncio de resultados.

En el Perú y desde el Ministerio de cultura, una de las primeras experiencias encaminadas a solventar garantías al apoyo de la escena literaria nacional con mayor neutralidad se dio hace unos cinco años y, por fortuna, todavía supervive hasta nuestros días bajo la denominación de Estímulos de cultura (entre ellos al libro y la lectura) y la reactivación del Premio Nacional de Literatura. Ambas experiencias tratan de transparentar procesos de selección vía concurso público al que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos de forma puntillosa puede convertirse en un posible beneficiario lo que reduce al mínimo cualquier indicio de arbitrariedad manifiesta al ser sometido a mecanismos legales de control previo y control posterior.

Ahí hay un camino saludable y perfectible que desde el Estado se puede seguir para elaborar una propuesta de sistema tecnificado, nacional e integral que permita, a su vez, forjar creadorxs capaces de acreditar una trayectoria, contribución o experiencia. Ello con la intención de que sirva como una evidencia o legajo para optar/ser elegibles en materia de becas, ayudas, estímulos e, incluso, EN LA CONFORMACIÓN DE DELEGACIONES (aunque aquí entrarían en juego otros matices que deben ser explicitados y ya no presumibles).

Estoy seguro que como sucede en el caso argentino, mexicano y chileno, por ofrecer algunos ejemplos de sistemas similares que hoy funcionan en Latinoamérica, con sus ventajas y desventajas constatables, la propuesta podría servir para aportar la certidumbre necesaria para que lxs creadorxs retroalimenten su crecimiento y puedan competir/medirse en igualdad de condiciones con sus pares nacionales y, por qué no, internacionales, bajo las garantías que la ley ofrece en su tutela.

Lo esbozado implicaría un duro golpe para las acusaciones que puedan imputarse a “la argolla”, debilitando su accionar y conteniendo la presión que pudieran ejercer sus agentes sobre decisiones que se financian con dinero público. Quizá podría pensarse que una de las claves de un sistema literario abierto y capaz de ofrecer un mayor número de posibilidades de desarrollo para los ciudadanos que deseen desenvolverse en el oficio de escritor, editor, investigador u otros conexos está ahí, en la reducción de las brechas y la presencia de un Estado preocupado legítimamente tanto por sus creadorxs como por los espacios de gestión cultural, más allá de la lógica de las simples ayudantías monetarias. Repito, en México, sede de la FIL-G; y en Argentina tenemos ya un vistazo a las mejoras que, bien llevadas, podrían aportar soluciones importantes al campo literario peruano. Además, nos permiten ver qué otros problemas pueden surgir de dichas mecánicas de juego para adelantarnos a su tratamiento y creativa superación.

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Al principio de este escrito aludía a una “esfera de discusión literaria peruana”, entre comillas. Y esto se debe a que el solo hecho de usar el término de representa ya un riesgo que bien podría ser cuestionado por varixs actores familiarizados con el sector creativo, editorial, librero y crítico nacional porque a lo que menos han estado acostumbrados el grueso de los actores literarios contemporáneos, y muy especialmente lxs escritorxs, es a discutir, dialogar, polemizar o confrontar posiciones entre sí y de cara a la opinión pública (anotemos un hecho: ya son más de 15 años desde la polémica “Andinos vs. Criollos”, quizá una de las más recientes y relevantes en el medio).

Esto podría llevarnos a creer que la referida “esfera de discusión literaria peruana” en lugar de apostar por la discusión abierta y el debate público, considera funcional, tolerable (y aplaudible) que cualquier posible confrontación se de en marcos donde el control de daños de las partes permanezca asegurado. De ahí que, las más de las veces, hayan autorxs que solo se animan a discutir en claustros académicos o en eventos institucionales (mesas, simposios congresos), es decir, en el marco de contextos donde el diálogo no trasciende la seguridad/relativa discreción que propician los espacios poblados por colegas y/o por una academia cada vez más aislada.

¿Qué sucede entonces cuando el debate y los conflictos suscitados en el seno del campo literario trascienden a un espacio público, puesto al alcance y a la vista de quien se sume al intercambio? En estos supuestos, y como hemos sido testigos ahora mismo y por desgracia, «la esfera de discusión literaria peruana» contemporánea colapsa y varios de sus actores no tardan en mostrar un afán evasor, cuando no abierta incomodidad o, incluso, una hostilidad manifiesta que tercia el intercambio. Las reacciones estarán, por tanto, vinculadas de forma directa a la noción de a qué clase de interlocutores se considera legítimos, dignos o meritorios para siquiera plantearse continuar con la exhibición de argumentos en la palestra del gran público. Y entonces es cuando en muchos casos suceden las descalificaciones o el contrabando de premisas que van desde el clasismo más señorial (disfrazado de un discurso que pretende reparar en los «méritos») hasta el centralismo más abyecto.

Y yo creo que en esa escueta voluntad de diálogo y debate reposan gran parte de los problemas que, para variar, atraviesan todavía el sector. Problemas que, para peor, no buscan ser socializados con la transparencia con que se debieran abordar.

Que esta entonces sea una oportunidad en la que, si bien se pueda expresar la solidaridad con lxs autorxs afectadxs por su exclusión, se condenen el racismo/clasismo implícito de algunas críticas y se desate la reflexión sincera desde las herramientas metodológicas que los propios actores de la esfera literaria prefieran.

Este es solo un modesto intento de entender un problema que sigue siendo más profundo y antiguo de lo que se sospecha y aunque, todavía insuficiente, quizá pueda servir de guía a alguien que se encuentre perdido en la andanada de tuits, artículos periodísticos o de post multiplataformas. Pero incluso, antes que concebir este escrito como una “guía”, pues aquello sería sobrevalorar lo aquí expuesto, pido que se tome este ensayo como lo que en realidad es: el punto de vista de un escritor, un narrador piurano, un docente, alguien que ha participado en el pasado de la estructura del Estado, que en algo conoce su funcionamiento, y que, por lo mismo, creyó importante aportar algunas ideas al diálogo que debiera estarse dando, lejos del prejuicio o los ataques (porque como todxs, espero, ya se encuentra harta de esas prácticas nocivas).

Porque, a pesar de lo suscitado, veo todavía con esperanza ese mañana que (aparentemente) nunca llega o no lo hace todavía.