los invisibles tienen plomo en la sangre

En Cerro de Pasco, la ciudad más contaminada del Perú, el infierno no arde bajo la tierra, no es un embudo de 7 círculos, ni se llega a él con la muerte, tan sólo hay que caminar hasta el final de las calles: allí está, rodea y envuelve a la ciudad desde hace 400 años, es una mina de tajo abierto de 2 kilómetros ubicada a 4,338 metros sobre el nivel del mar, todo muy cerca del alto y limpio cielo de los Andes.

Paradójicamente, Cerro de Pasco ha sido nombrada como la “Capital Minera del Perú”, es prodiga en plata, cobre, zinc y plomo; este título podría ser su mayor bendición o el inicio de todas sus desgracias: mientras más crece el socavón la ciudad deja de existir. Es como si la tierra se tragara todo poco a poco. El escenario es tenebroso, y post apocalíptico. El aire que corre por las calles está envenenado y el agua cristalina de los andes ha dejado de ser saludable. Debido a esto se ha confirmado que 2500 niños cerreños tienen algún metal pesado en la sangre. Hasta la fecha han muerto 15 de ellos y 200 necesitan atención urgente.

La empresa que extrae minerales en la zona, Volcan Compañia Minera, niega responsabilidades. Por su parte el estado peruano calla y voltea la mirada hacia otro lado, quizá a lo que ellos llaman progreso. Nadie parece escuchar a las 5 familias que protestan hace 28 días y están dispuestas a batallar contra la invisibilidad y la muerte.

Para un pobre no hay justicia, es lo primero que me dice Marcos Castañeda. Habla despacio, no se apura, sus palabras brotan cargadas de verdad. No se puede refutar algo así. Él sabe muy bien que son invisibles para los grandes poderes de este país. En el 2015 su hija de 13 años fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica, esto a consecuencia de los metales pesados encontrados en su sangre, los análisis arrojaron que tenía 18.9 de plomo en su organismo (lo «permitido» es 5  microgramos de plomo por decilitro de sangre). Por ello desde hace 4 años, Marco, su hija y su esposa Vilma Tovalino han viajado constantemente desde la Sierra Central a Lima, en busca de una cura para vencer a la muerte que los acecha constantemente. Por más de 28 días han acampado y protestado, junto a 4 familias más, fuera del Ministerio de Salud. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra, la ministra de salud Elizabeth Hinostroza y el directorio de Volcán han guardado un silencio insondable. En tiempos de pandemias e histerias colectivas, su protesta ha sido acallada no sólo por la indiferencia sino por la coyuntura elegida por la prensa nacional. Ellos exigen el traslado de sus hijos al extranjero, tal vez Argentina, donde un trasplante de médula ósea pueda darles alguna esperanza de vida.

Marco Castañeda lucha incansablemente por la vida de su hija desde hace 4 años. Foto: Luis Javier Maguiña /Nube Roja

Vilma Tovalino tiene una voz enérgica, habla fuerte, quizá por la impotencia de no ser escuchada hace tantos años. Es difícil no querer rendirse ante una opresión tan grande, ante una batalla que parece perdida. A ella, a través del teléfono, la escucho como una mujer estoica sin miedo a narrar todos los desprecios que el estado les ha hecho durante estos años. Cuenta que Raúl Alberto Molina Martínez, viceministro de gobernanza, quien firmó hace un año y medio dos actas donde se contemplaban acuerdos para darle solución a los problemas de 34 familias de Cerro de Pasco- que hasta el momento no se han cumplido- al verse interpelado por ella, le dijo:

-«¿ Qué quieres que te dé mi casa? ¿Por qué eres terca? ¿Acaso no sabes que ni aquí ni en el extranjero hay cura para el plomo en la sangre? «

No hay respuesta ante esa falta de humanidad. Los zoólogos sostienen que los monos son seres individualistas, compitiendo siempre entre ellos, pero que el hombre a fuerza de evolucionar ha logrado rehuir del egoísmo descarnado, aunque a veces un vistazo al comportamiento de los gobernantes te puede hacer dudar de esta teoría. Ese total desprendimiento es algo que Tovalino y los otros padres de los niños contaminados no llegan a comprender. Es algo inexplicable que durante años distintos ministros de salud los hayan citado para luego dejarlos en la misma situación de siempre; también es inexplicable que  la Policía Nacional del Perú golpee a padres que cargan en sus brazos a sus hijos enfermos, tan sólo por exigir el acceso a un tratamiento de salud digno. Tampoco es del todo claro que Volcan Compañía minera, se escude tras la increíble coartada de pagar impuestos y así evadir total responsabilidad ante la contaminación de unos niños que se encuentran muy cercanos a la muerte.

¿Es acaso explicable que el MINSA cite a las 5 familias para videoconferencias con doctores extranjeros y minutos antes les comunique que sólo se puede atender a dos niños? ¿Existe una justificación para aquella frase nefasta de «no hay plata, no se puede hacer nada»? ¿Puede tener algún significado la solidaridad en este país? Marcos Castañeda dice que los ricos son los únicos que en el Perú tienen justicia, puede que no se equivoque. Hasta el momento la actual ministra de salud, Elizabeth Hinostroza, sólo evalúa la situación. Quizá luego contemple un posible traslado al extranjero.

El agua que consumen los pobladores de Cerro de Pasco contiene más de 21 metales pesados. Foto: Luis Javier Maguiña

SILENCIO E INDIFERENCIA

Los conflictos de Cerro de Pasco nos preceden.  Manuel Scorza en su libro Redoble Por Rancas narra parte de la historia. En la novela – y la vida real- los comuneros se enfrentan a la Cerro de Pasco Corporation, quizá la minera más sanguinaria que se haya instalado en Perú, aunque Celso Sotomarino – director del Instituto de Ciencias de la Tierra y creador de teorías demenciales como aquella sobre el origen del grupo terrorista Sendero Luminoso en un portaviones anclado en el Caribe- sostiene que dicha corporación es la universidad de la minería y que los partidos de izquierda fueron quienes dañaron la relación Comunidad- Minera. En el libro de Scorza los comuneros eligieron pelear contra la amenaza ambiental y extranjera que significaba esta corporación, pero fueron masacrados cruelmente. Después de estos episodios viene el socavón, la explotación malsana hacia los pobladores, el falso progreso y la expansión glotona de un hueco infernal que devora todo a su paso. Ahora, en este siglo y cerca del bicentenario, el plomo para dar muerte a los cerreños no es convertido en la bala de un fusil, la muerte ya no es ruidosa, todo lo contrario, viaja silenciosamente a través del aire o permanece en las paredes, el suelo, la comida y la vida diaria.

Hace aproximadamente veinte años la historia de la ciudad empeoró cuando llegó Volcan Compañía Minera, la empresa minera con más infracciones medioambientales en nuestro país, relacionada con el escándalo del bufete Mossak Fonseca (evasión de impuestos).

La empresa es propiedad de la familia Letts, fue fundada por el ya fallecido multimillonario Roberto “Bobby” Letts, tío del controvertido periodista Jaime Bayly y de la fujimorista Madeleine Osterling, cercano de varios personajes pintorescos y oscuros de la política peruana. Esta minera es conocida por tener más de 60 infracciones impuestas por la OEFA y ser financista del fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori cumple prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos (su padre fue Alberto Fujimori, dictador y ahora preso por diversos delitos como corrupción, usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad, etc). Así que podría resumirse esta nueva etapa como una sucesión de atropellos e indiferencia, el nado de un tiburón cerca de la orilla.

A Volcán se le ocurrió uno de los proyectos más peligrosos para Cerro de Pasco y sus habitantes, el «Plan L» o plan de expansión del tajo abierto, lo que significó destruir parte de la zona urbana- viviendas y edificios públicos- rompiendo así la incipiente economía local, los lazos sociales y la memoria histórica de la ciudad. En el 2008, en un programa dominical, los pobladores presentaron denuncias sobre estas actividades; los pasqueños alegaban que sus casas se agrietaban, corriendo riesgo de derrumbe por las explosiones y operaciones que llevaba a cabo la empresa. Según el testimonio dado y las imágenes transmitidas, la minera sólo había parchado superficialmente las paredes. Este problema fue identificado oficialmente dos años antes, cuando en el 2006 el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) declaró inhabitables 1,180 viviendas por esta causa. En esos momentos empezó a hablarse de un traslado total de la ciudad, pero el proyecto quedó detenido cuando en el 2012 las autoridades declararon que llevaría 30 años mover a toda la población y costaría más de 15 mil millones de soles. Las explosiones simplemente siguieron.

Cerro de Pasco, Socavón a tajo abierto. (Google Earth) 

Durante la pandemia de la covid-19 el estado de vulnerabilidad de los niños de Cerro de Pasco se agudizó. Hasta el momento Volcan Compañía Minera no ha sido sancionada. Foto: Luis Javier Maguiña

Con todo archivado las condiciones de vida se volvieron cada año más insostenibles. Respirar en lugares como Parasgha se volvió un peligro, en este distrito ubicado alrededor de la mina los niveles de contaminación ambiental son increíbles y significan un envenenamiento sistemático. Según un estudio realizado por el MINSA -¡en el 2008!- el aire de Parasgha tenía más de 350 partículas menores de metales pesados, triplicando el nivel Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire. El plomo era el metal predominante. Se tenía indicios de esta situación desde 1990 cuando en un estudio se determinó que la población tenía niveles de plomo por encima de los 50 microgramos. Incluso en 1999 en una muestra de 315 niños entre 3 y 9 años se identificó que el promedio de plomo en la sangre era de 14µg/dl.

Según el estudio “Intoxicación plúmbica crónica: una revisión de la problemática ambiental en el Perú”, el plomo al ser un metal pesado no tiene nada que ver con la fisiología humana por lo tanto su nivel debe ser cero, aunque lo «permitido» podría ser a 10µg/dl en adultos y 5µg/dl en niños. Las formas más comunes de absorberlo son por vía respiratoria o tracto gastrointestinal. Es necesario saber que el plomo es altamente nocivo porque se acumula en el tejido óseo y luego se libera hacia el torrente sanguíneo; la intoxicación por este metal puede causar diversos males, entre ellos el cáncer a la sangre y disminución en la función cognitiva, que incluye retraso mental, menor desarrollo orgánico en el feto, baja estatura, disminución de la capacidad auditiva, descenso del coeficiente intelectual, problemas de comportamiento y otros defectos neuropsicológicos. Quienes son más vulnerables a la absorción de plomo son los niños entre 9 meses y 3 años de edad. Esto evidenciaría  por qué en el 2020 hay más de 2500 niños con metales pesados en la sangre. En las últimas dos décadas ninguno de los 5 presidentes con sus ministros de salud han sabido dar alguna solución. Pero vamos a tratar de rastrear parte del origen del silencio y la muerte impune.

En el 2005 durante el periodo presidencial de Alejandro Toledo (hoy preso en EEUU e investigado por el caso Odebretch) y siendo ministra de salud Pilar Mazzeti Soler- que durante este periodo se vio seriamente cuestionada por la compra de unas ambulancias en mal estado, situación que se repetiría 2 años después cuando se destapó el escándalo por la adquisición de unos patrulleros sobrevalorados cuando fue ministra del interior (¿?) en el gobierno de Alan García – el Ministerio de Salud publicó una investigación realizada entre el 2002 y el 2003 donde se confirmaba la prevalencia de enfermedades respiratorias en niños de 3 a 14 años debido al aire contaminado- se proponía como fuente principal la actividad minera- por lo que de cada 2 escolares uno sufría alguna enfermedad respiratoria. Además, se identificó que la mayoría de centros educativos se encontraban en la zona de alto riesgo: tajo abierto, depósitos de materiales, relaves y concentradoras. Curiosamente en las conclusiones del estudio se determinan diversos causales para estar enfermedades, pero ninguno de ellos es la actividad minera a pesar de haberse considerado como una fuente importante de contaminación (esto también es reafirmado en un cuadro realizado por el ya disuelto Consejo Nacional de Ambiente).  

Ese mismo año el MINSA publicó un estudio que determinaba el plomo en la sangre de niños y mujeres gestantes de Cerro de Pasco, donde se reconocía a la situación como un problema de salud pública no abordado y poco estudiado. También se evaluó a 112 niños de Quiulacocha (aquí se encuentra el depósito del mismo nombre que hasta el 2019 tenía más de 70 millones de toneladas de relave) determinándose que el 89% tenía más de 10µg/dl de plomo en la sangre. A pesar de las recomendaciones del estudio para implementar un Plan Integral en el manejo de casos con niveles altos de plomo, coordinar con la empresa minera para disminuir los niveles de intoxicación en la zona y monitorear cada año a la población afectada, nada se ejecutó y 15 años después la situación ha empeorado exponencialmente. Pilar Mazzetti declaraba por aquellos años, en una conferencia dada durante el IV Simposio Nacional de Seguridad Minera y Desarrollo Sostenible, que se debía construir en forma conjunta el país anhelado para nuestros niños. Hoy, esos pequeños siguen esperando y muriendo lentamente.

En el 2008 durante el gobierno de Alan García (se suicidó en el 2019 luego de verse envuelto en serias denuncias por corrupción), el entonces ministro de salud Hernán Garrido Lecca- quien tiene demasiadas y graves denuncias e investigaciones para entrar en el pequeño espacio de dos guiones- prometió ayuda para 47 niños (pacientes de esa época) que tenían metales pesados en la sangre; fue enérgico al anunciar que no importaba quién tenía la culpa, lo importante era sanarlos. Eso, desde luego, no pasó. La Minera Volcán, igual que ahora, dijo no tener responsabilidades y tan solo apoyó con el traslado de los niños a Lima, a pesar de haber ganado aquel año más de 800 millones de dólares en utilidades. La bonanza minera no es algo evidente en los distritos, como es el caso de Simón Bolívar (aquí se encuentra el depósito de relaves Quiulacocha) donde el 88% de la población tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Actualmente no se sabe nada sobre la salud y la vida-o la muerte- de esos niños.

En el 2009 Volcan era denunciada ante el Tribunal Internacional de Justicia Climática por haber causado graves prejuicios en la salud de los pobladores de Cerro de Pasco, afectándolos con enfermedades respiratorias y el exceso de plomo en la sangre. El estado peruano no se inmutó para nada pues durante el gobierno del infame García se favoreció a Volcán con 32 millones de dólares en beneficios tributarios. La firma directa provino de Pedro Gaimo, viceministro de Energía y Minas, quien en el 2020 en su campaña de postulación al Congreso declaró- totalmente desmemoriado- que se debería fortalecer el sistema de salud y realizar informes para identificar la situación de los metales pesados en el aire de las zonas mineras. Esto es lo que conocemos como exceso de realidad peruana.

En el 2013 la OEFA en la resolución 125-2013 indicó que Volcan había excedido los límites máximos permitidos de efluentes líquidos-minero metalúrgicos. La norma dice que sólo se puede permitir 0.4 miligramos de plomo por cada litro de agua, Volcan lo superó en mil 571 por ciento. Un año después la empresa fue multada con el monto de 250 UIT. El presidente por ese entonces era Ollanta Humala quien no hizo ningún pronunciamiento sobre la problemática, a pesar de que Volcan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales trató de perjudicarlo con el pago de publicidad en su contra.

En el 2015 desde el distrito de Simón Bolívar (declarado en emergencia el año 2012) se inició la Marcha de Sacrificio en defensa de los niños contaminados por la minería. Varios pobladores caminaron por 60 días con sus noches para llegar a Lima y pedir que sus enfermos sean atendidos y se clausure los 423 pasivos ambientales que los amenazaban. En ese momento había 2070 niños intoxicados en Simón Bolívar, un distrito donde por las tardes los chiquillos vuelan inocentemente su cometa frente a las excavadoras que no dejan de trabajar. La cometa no se eleva mucho, apenas sobrepasa los cerros de relaves anaranjados, ellos ríen, el aire los envuelve, como una muerte agazapada.

Los que vinieron a pelear por ellos fueron nombrados «Los 58 Valientes». Estuvieron mucho rato tocando las puertas de los ministerios o de alguien que quisiera atenderlos, la prensa los entrevistó y luego los olvidó.

 

En un momento el Ministro de Salud, Aníbal Velásquez, anunció entusiastamente que 2000 mil niños habían sido evaluados en “los modernos laboratorios de toxicología del Instituto Nacional de Salud” y que de necesitar más atención recibirían “tratamiento especializado en el hospital de Salud del  Niño”. “Si se identifica la presencia de metales pesados inmediatamente deben ser atendidos para determinar el nivel de exposición. Esto se convertirá en política de Estado” . Días después declaró que ninguno de los niños evaluados tenía una enfermedad producida por tener metales pesados en la sangre. Seguro y alguien lo soñó, allí quedó el asunto.

En la página del Minsa está escrito lo siguiente: “Se anunció la construcción de una unidad de desintoxicación de metales pesados que contará con un laboratorio básico de evaluación de plomo para la detección de problemas de salud en la población. Además, se constituirá un comité técnico con especialistas del Minsa y del Gobierno Regional de Pasco, para realizar una evaluación integral que garantice la factibilidad del proyecto de la referida unidad.” También se habla de la construcción de un centro de salud en Simón Bolívar y el cierre de los pasivos ambientales; ninguna de estas cosas se cumplió. En esta oportunidad Volcan tampoco declaró, a pesar de que ese año sus ganancias crecieron un 49.9 por ciento.

 

Cartel de la marcha de sacrificio- realizado por Colectivo Camote

El 2017 es el año más cercano a la historia de Vilma Tovalino y Marcos Castañeda. Dos años después de la gran caminata, 34 familias llegaron a protestar fuera del MINSA. Acamparon por mucho rato, pedían, como todas las veces, en una repetición insoportable y cruel del tiempo, que el estado los oiga. En una novela de Scorza llamada Garabombo El Invisible, el protagonista sufre de una enfermedad extraña que lo vuelve invisible, los ricos y los poderosos no lo ven, no lo escuchan, él no existe y no puede reclamar ni pelear. Los únicos que pueden verlo son los iguales a él, el pueblo, los pobres y los desgraciados. Pero cuando Garabombo cayó preso y fue llevado al penal El Frontón los otros presos políticos le explicaron que no tiene ninguna enfermedad, era al contrario, los otros estaban enfermos de clasismo y egoísmo. Ese también era el caso de las 34 familias que protestaban en una ciudad enorme, monstruosa, gris e indiferente. A ellos los limeños empezaron a verlos cuando notaron que durante días se encadenaban y alzaban por las mañanas y las tardes unos carteles que gritaban justicia.

 

Aunque para la ministra de salud, Patricia García, ellos siguieron siendo invisibles: les canceló una reunión pactada, y sólo movida por la presión mediática se manifestó en un programa de televisión. Dijo que le sorprendía que los protestantes “aparecieran” porque todos los puntos estaban resueltos, fue muy explícita al dar a entender que ellos eran quienes se negaban a ser ayudados. Pero… ¿Cuáles eran los puntos resueltos? según el entonces gerente municipal medioambiental de Simón Bolívar, Juan Escalante, los análisis del agua que consumían los pobladores arrojaban la presencia de 21 metales pesados, por lo tanto nada estaba resuelto. Más aún si en ese pueblo se encuentra uno de los más grandes pasivos ambientales del territorio nacional, el depósito de Quiulacocha, donde hay más de 70 millones de toneladas de relave acumuladas desde 1900 y esparcidas en más de 115 hectáreas. La pregunta es punzante y necesaria: ¿De qué puntos resueltos hablaba la ministra? Dos de los niños diagnosticados con leucemia murieron en el 2019, ellos pudieron haberse salvado si el traslado al extranjero se hubiera efectuado o si tan sólo la reubicación de las familias a Lima por parte del Ministerio de Vivienda se hubiera cumplido. Sus muertes pronto se convirtieron en estadísticas, y sus nombres en números.

Simeón Martinn Huete es padre de Esmeralda Martin Añasco, una pequeña de 12 años que en 2014 fue diagnosticada con anemia aplásica severa. Fue atendida en Argentina para un trasplante de médula ósea; actualmente el estado peruano se ha desvinculado por completo del caso. Su padre lucha incansablemente por salvarla. Fotografía/Luis Javier Maguiña

Casi un mes llevan las 5 familias acampando frente al Ministerio de Salud, hasta el momento no han recibido respuesta. Fotografía/Luis Javier Maguiña.

En el 2020 hay más de 2500 niños afectados por la contaminación minera, hasta el momento han fallecido 15 y 200 necesitan atención urgente. El estado ha incumplido todo lo prometido, nada de lo firmado en el Acta de Compromiso redactada en el 2018 se ha llevado a cabo, al contrario de lo esperado las autoridades han optado por avasallarlos con un silencio despótico. Prueba de ello son las reuniones canceladas a último momento por la ministra de salud y el mutismo de Martín Vizcarra que los ha condenado a sufrir la enfermedad de ser invisibles. Por su parte Volcan se ha sacudido las manos vendiendo sus utilidades a Glencore; a pesar de esto nadie en las 5 familias que luchan contra el destino piensa rendirse ante la muerte y la indiferencia.

***

Cuando hablé con Vilma y Marcos llevaban 5 días acampando fuera del MINSA y no se imaginaban que dos semanas después al Perú llegaría un virus extraño llamado Covid-19, ni que pondría en cuarentena y toque de queda a toda la población. Tampoco hubieran pensado que Martín Vizcarra, el presidente del Perú, daría 4 mensajes a la nación con respecto al tema (no habiendo dado ninguno por sus hijos ni por los otros 2500 niños con plomo en la sangre), ni que Elizabeth Hinostroza sería presurosa en atender a los alumnos de un exclusivo colegio de Lima luego de haberles negado a ellos tantas veces su distinguida presencia. Si en ese momento alguien del futuro les hubiera contado que el lema «Quédate en Casa» sería de lo más repetidos en el país, se habrían preguntado «¿Adónde ir?» «¿De qué casa hablan?», porque hace 3 años que el Estado debió reubicarlos de Cerro de Pasco a Lima, dándoles cómodas viviendas, pero en el país de las voluntades pesadas y los actos inconclusos nadie ha movido un dedo para cumplir ese decreto. Por 30 días- o más- nadie va a oírlos. Para los invisibles no parece haber una patria, un Perú.

Fotografía: Luis Javier Maguiña

Leandro Amaya Camacho

Cancas, 1993. Escritor y cronista, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Piura. Dirigió y fundó la revista cultural Malos Hábitos (publicación que fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para participar en la 1ra edición de la feria La Independiente), sus textos han sido publicados en el Perú y el extranjero. Fue becado por Sembramedia para ser parte de su programa SembraEducativo. Ganador del premio mundial Young Journalist Award 2020 organizado por Thomson Foundation y la FPA (Foreign Press Association London). Uno de los ganadores del premio periodístico Perú Se Reactiva organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y Scotiabank. Recibió la Medalla Institucional de la Universidad Nacional de Piura, alta distinción otorgada por sus méritos periodísticos a nivel internacional. 

 

Leandro Amaya Camacho

director y cronista de REVISTA NUBE ROJA

Fotógrafo documental y social. Estudió Ciencias de la comunicación en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Colaborador de la Revista Nube Roja.

Luis Javier Maguiña

Fotoperiodista

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