Pedro Castillo y la avanzada fiscal

En lo que va del gobierno de Pedro Castillo la fiscalía de la nación ha ingresado 5 veces a Palacio de Gobierno, entre los meses de noviembre del año pasado hasta septiembre del presente año; es decir que la fiscalía en menos de un año ha hecho diligencias en cinco oportunidades en la sede del Poder Ejecutivo.

Bajo la premisa, permanentemente expuesta en entrevistas, de que la justicia es igual para todos se podría estar generando una serie de acciones de hostigamiento contra el gobierno democráticamente electo; y esto salta a la vista si se analiza que desde 1990 hasta antes del 2021 la Fiscalía solo ha ingresado tres veces a Palacio de Gobierno; tan solo tres veces en más de 30 años. Mientras que en este gobierno llevamos cinco ingresos en menos de un año; acciones que si bien no son ilegales se pueden ver cuando menos como excepcionales.

El ultimo ingreso a palacio de gobierno se ha dado el 16 y 17 de septiembre. Y ha durado 16 horas, por ende, el equipo fiscal ha pernoctado en Palacio, lo que además de ser irregular es un hecho inaudito y supone una falta de respeto ante la sede de gobierno, que es la representación de la nación.

Los hechos antes mencionados hacen presumir que existirían acciones urdidas desde la Fiscalía contra el presidente y el Poder Ejecutivo, no solo en el campo judicial sino para el desgaste psicológico y moral de Pedro Castillo, pues estarían yendo incluso contra su familia al acusar penalmente a su sobrina y hasta su propia esposa; hechos que son también completamente notables y que nunca habían sucedido en el país.

Llama también poderosamente la atención la velocidad con que se investiga cualquier acusación o indicio de delito que exista contra el presidente y su entorno; en un hecho inusitado en el Perú el presidente Castillo acumula 6 investigaciones y el entorno del poder ejecutivo acumula al menos 10 investigaciones fiscales; algunas increíbles como aquella investigación fiscal sobre la tesis del presidente, otra investigación fiscal sobre un “gabinete a la sombra” y una tercera investigación contra la primera dama por no participar como testigo en un caso de la Fiscalía. No solo asombra la cantidad de casos abiertos y la celeridad de los procesos sino también la cantidad de recursos de los ciudadanos contribuyentes que se están gastando en este tipo de investigaciones sin provecho alguno.

Todas estas irregularidades contrastan con diferentes hechos sospechosos en que están inmiscuidos los fiscales. Como por ejemplo que Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, haya relevado a la fiscal Betsabeth Revilla del caso que investigaba contra su hermana, Emma Benavides, involucrada en el tristemente célebre caso de los “Cuellos Blancos”, organización delictiva encabezada por el infame Cesar Hinostroza; además su otra hermana, Ruth Benavides, está involucrada en una investigación por una serie de posibles contrataciones irregulares en la Corte del Callao (https://www.idl-reporteros.pe/orden-y-firmeza/).

Llama también la atención que la Fiscalía no esté al menos investigando que la Fiscal de la Nación habría obtenido su grado de Magister y su grado de Doctora el mismo año y por la misma universidad; ambos grados académicos son requisitos para el puesto que hoy ha asumido; además la fiscal jefa del equipo de investigación también figura en la SUNEDU como si su grado de bachiller y su título hubieran sido expedidos el mismo día, cuestión que es imposible. Como dato adicional ambas fiscales han obtenido sus posgrados en la desaparecida Universidad Alas Peruanas cuyos dueños habrían financiado la campaña del fujimorismo (https://larepublica.pe/politica/2019/09/25/universidad-alas-peruanas-financio-campana-keiko-joaquin-ramirez-pier-figari/).

Ante estos hechos es necesario tomar una posición, los peruanos no podemos permitir que la justicia nacional sea tomada por grupos que quieren utilizarla para sus intereses particulares y que tratan a cada momento de sembrar caos que atentan contra la gobernabilidad del país; exigir transparencia en la Fiscalía y el Poder Judicial es perentorio y así lograr que la justicia vuelva a estar al servicio de la verdad, el desarrollo y la protección de los intereses de todos los peruanos y peruanas.