Según algunas estimaciones, el Perú deja de percibir, cada año, más de USD 20 mil millones por la venta del gas de Camisea al exterior. Uno de los beneficiarios de los contratos ha sido el Rey Emérito de España, hoy fugado de su país por acusaciones de corrupción. Los yacimientos están fuera de nuestro control. Cualquier intento por negociar los contratos es censurado como amenaza de expropiación. Lo que equivale al reconocimiento tácito de que ya no están ni en posesión ni en propiedad de la nación, puesto que no se puede expropiar lo que es propio. Si un día los recuperamos, el término más adecuado sería el de reapropiación, o renacionalización, ya que siempre debieron ser nuestros.

Francisco Durand demostró hace algunos años que el Estado peruano subsidió a las agroexportadoras construyendo para ellos los grandes proyectos de irrigación, entregándoles miles de hectáreas a precios por debajo del valor de mercado, exonerándoles impuestos, permitiendo la sobreexplotación de los trabajadores, abaratando para ellos los costos del agua y la energía. La tierra, por naturaleza, no le pertenece a nadie. Por derecho, es parte del patrimonio nacional custodiado por el Estado. La riqueza invertida en volverla productiva se originó de las arcas públicas, por lo que todos pusimos trabajo, horas de vida, en su puesta en valor. Sin embargo, hoy es propiedad de ADEX. Lo propio fue entregado. Súmese a ello que muchas agroexportadoras perforan pozos de aguas subterráneas sin permiso alguno, no pagando nada por el agua y afectando la pequeña y mediana agricultura.

Cada año se publican informes periodísticos que dan cuenta de la devolución millonaria de impuestos a las grandes mineras. Los yacimientos concedidos, son enclaves de las multinacionales. El Estado no puede ni siquiera regular el mineral que se extrae y menos el que se exporta. Ya no nos pertenece ni la tierra que lo alberga ni el producto que ofrece. El oro, el cobre y la plata son contabilizados en las arcas chinas o canadienses. La posesión de la tierra, en forma de derecho de concesión, es cambiada por bonos en el mercado bursátil. Las utilidades reales desconocidas para el fisco nacional. ¿Cuándo se produjo esta acumulación originaria de tierras y minerales? Somos extranjeros en crecientes porciones de tierra ubicadas dentro del mapa nacional.

Hace algunos años, la cadena árabe Aljazeera publicó un informe del periodista Daniel Yovera, denunciando la expulsión violenta y sicarial de posesionarios de la Comunidad Campesina de Castilla (Piura) a manos de una organización criminal que habría sido contratada por el Sodalicio, una secta católica prominente entre la élite peruana. Las tierras expropiadas han devenido proyectos inmobiliarios de indudables réditos para la congregación. Cada mes, aparecen publicaciones en diarios locales en las que los dirigentes de la Comunidad Campesina de Catacaos (también en Piura) acusan a empresas vinculadas a esta agrupación de apropiarse de sus tierras. Por supuesto, nadie ha pagado indemnización por ello. Y en algunos años, la prensa publicará el enorme éxito de la industria de la construcción y la modernización de la ciudad. O quizás las cosas cambien y los comuneros recuperen sus tierras. De seguro, en los kioskos leeremos que el gobierno que lo hace posible está quitando la justa propiedad que los esforzados empresarios compraron con su esfuerzo. ¿Dejará algún día el Perú de ser un país expropiado?