No son monstruos,
son organizaciones criminales

Es de noche en Lima, la capital del Perú, y Agua Marina toca una de sus tantas canciones emblemáticas. La gente celebra: es feriado, 8 de octubre, día del Combate de Angamos. Se recuerda el heroísmo y la entrega de Miguel Grau, el sueño de la patria honorable y grande. De pronto, una ráfaga de metralla interrumpe la música, la felicidad y el espejismo de ser un país viable. Los vocalistas y músicos corren para cubrirse; cuatro han sido heridos. Agua Marina, la orquesta de cumbia más importante del Perú y ejemplo de superación e identidad, ha sido atacada por el crimen organizado. “Vuelve a casa” fue el verso donde la canción quedó en el aire, como una premonición funesta.

Desde nuestras casas, todos los peruanos intuimos algo: ya no estamos a salvo; las organizaciones criminales no son una amenaza, son un poder instituido, y no existe ninguna respuesta gubernamental, al contrario, en el gobierno de facto de Dina Boluarte se impulsaron diversas leyes que blindaron directamente al crimen.

De acuerdo con el centro de investigación InSight Crime, Perú cerró el año 2024 con un incremento del 35.9% en homicidios (el mayor incremento luego del Caribe). Detrás de esa escalada están el avance de la minería ilegal y la extorsión, dos economías ilegales que han encendido la violencia en el país. En 2025, el panorama se ha agravado: la falta de estrategia estatal y solo contar con respuestas reactivas han permitido que el crimen organizado se intensifique.

El funcionamiento de una organización criminal requiere de la conjugación de varios factores: necesita ser alimentada con logística; poseer informes de inteligencia; ser suministrada con armamento y personal; disponer del despeje de rutas; contar con refugios, protección y un gran flujo de dinero; además de acceso a altos niveles políticos, militares, policiales y económicos para forjar alianzas, así como permisividad para manejar territorios. Muchas veces, esto crea un régimen paralelo.

Es, en suma, una operación intrincada que atraviesa diversos poderes y sectores de la sociedad. Pero esa también es su debilidad: estas estructuras pueden ser estudiadas, rastreadas y atacadas desde cualquiera de los puntos de su gran cadena de funcionamiento.

Cualquier operador, experto en seguridad e inteligencia militar o de respuesta rápida que se precie, sabe que esa es la manera de combatirlas.

Es decir, la supervivencia de estos ilícitos depende mucho de quienes deben enfrentarlos. Sin embargo, el problema surge cuando las instituciones están intervenidas por estas mismas organizaciones criminales.

Entendiendo esto, podemos decir que no estamos frente a arrebatadores de celulares o sicarios que cambiaron de pronto su modo de operar. El avance del crimen organizado en el Perú no es un fenómeno espontáneo ni reciente: es el resultado de años de penetración silenciosa en el aparato estatal.

La violencia que hoy se despliega a la vista de todos —secuestros, extorsiones, asesinatos de líderes sociales, defensores ambientales, microempresarios y pescadores; minería ilegal (usada para lavar dinero del narcotráfico); incursiones armadas en las ciudades y ataques en eventos públicos— no puede explicarse solo desde el crecimiento de la inseguridad. Lo que estamos presenciando es un proceso más profundo: el posible contubernio de instituciones y actores clave (políticos, empresarios, mandos militares y policiales) con la delincuencia organizada para manejar territorios y economías.

Así, las organizaciones criminales trascienden la fase primaria de la delincuencia —la apropiación o el robo— y avanzan hacia un estadio más complejo: buscan controlar, sostener sus operaciones, diseñar estrategias de “legitimación” y establecer cogobiernos que respondan a una estructura central cuando sea necesario. Estas dinámicas pueden manifestarse en distintos niveles: desde proteger una operación ilícita o ejecutar atentados, hasta bloquear reformas políticas, promover leyes que los blinden, manipular los ánimos electorales o instaurar regímenes violentos que amenazan los derechos humanos y el medio ambiente. No es, pues, inocente ni sencilla esta oscura alianza entre el crimen organizado y los espacios del poder que lo toleran o se benefician de él.

En Perú, donde la gobernanza es débil y la presencia estatal disminuye cuando más nos alejamos del centro de poder (la capital), el accionar criminal está desbordado y los ciudadanos no encuentran una opción donde guarecerse: denunciar una extorsión es exponerse a atentados; si optan por protestar contra el crimen organizado son reprimidos; si se enfrentan directamente son asesinados y desaparecidos (como es el caso de los defensores ambientales). 

Un día después del ataque a la orquesta Agua Marina, Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República —un órgano desacreditado y promotor de leyes que favorecen, directa o indirectamente, a las economías ilegales— por su mal manejo de la seguridad interna. Sin embargo, la medida no pasa de ser un intento para “calmar las aguas”. Mientras no exista una estrategia real para enfrentar al crimen organizado y no se reformen las instituciones desde dentro, solo se habrá cortado una cabeza a la hidra para ver cómo otra vuelve a crecer.