«Sabemos que cuidar nuestros bosques y nuestros ríos es la única salvación… Yo estoy amenazada de muerte, pero tenemos que dar la cara»
Marcelina Ángulo, defensora ambiental y líder de la guardia antiminera en el río Pintuyacu (Loreto).
En 2023, un monitoreo satelital detectó la presencia de 120 dragas que operaban en el río Nanay, lo que confirmaba el repunte durante los dos últimos años de la minería ilegal en Loreto, la región amazónica más grande de Perú.
A pesar de los esfuerzos, muchas veces aislados, de las autoridades ambientales, la Marina de Guerra y las autodefensas comunales, el fenómeno no se ha podido contrarrestar y actualmente se ha expandido a 11 ríos de Loreto.
De acuerdo a fuentes fiscales, en lo que va de 2024 se han detectado aproximadamente 30 dragas cerca de la cabecera de cuenca del río Nanay.
También se ha registrado infraestructura minera en los ríos Pintuyacu, Marañón y Napo. Muchas comunidades indígenas y campesinas yacen bajo el yugo de los mineros ilegales. Las defensoras y defensores ambientales que se oponen a este delito sufren amenazas de muerte y viven en constante zozobra. Por ende, los especialistas indican a Nube Roja que la estrategia del Estado peruano debe ser frontal y permanente.
Por: Leandro Amaya Camacho
Este reportaje se produjo con el apoyo de Earth Journalism Network
Un grupo de siete voluntarios se ha reunido frente a las orillas del río Pintuyacu, uno de los afluentes de la boscosa región amazónica de Loreto. Han interrumpido su patrullaje habitual para tomarse una fotografía. Detrás de ellos se yerguen altos los árboles y el día aparece luminoso. Todos lucen contentos. Llevan puestos chalecos sobre los que han bordado la insignia de su guardia, usan botas de caucho y gorros tácticos que les serán muy útiles durante las largas rondas diurnas y nocturnas que han organizado para salvaguardar a sus comunidades de la minería ilegal. Ellos han montado puestos de seguridad para evitar que los mineros ilegales dominen el cauce del Pintuyacu, transporten insumos a las dragas —barcazas artesanales usadas para extraer oro— e impacten en mayor medida al Área de Conservación Regional Alto Nanay- Pintuyacu Chambira. Dos días después su lideresa, Marcelina Ángulo, me enviará la fotografía y dirá que representa cómo es su trabajo y es el testimonio que ‘todos fuera de la Amazonía deben conocer’.
A Marcelina los mineros ilegales le han advertido que “no se meta en sus asuntos”, la han amenazado de muerte en varias ocasiones y le han prohibido viajar a la ciudad de Iquitos, capital de Loreto. Pero ella es decidida y temeraria. Aunque por momentos la preocupación de las amenazas le asalta, no deja de organizar la defensa de su territorio y continúa solicitando recursos que le permitan seguir con su vigía.
—Sabemos que cuidar nuestros bosques y nuestros ríos es la única salvación que tenemos. Nos da temor, es cierto, yo estoy amenazada de muerte, pero tenemos que dar la cara. No solo luchamos por nosotros, sino por varias personas— me cuenta Marcelina Angulo, quien está resuelta a dar todo por la defensa de su territorio, la comunidad campesina de Seis Hermanos, y las claras aguas del río Pintuyacu.
Parte de la guardia del río Pintuyacu. La autodefensa fue creada en 2018, y coordina sus acciones con la Fiscalía Ambiental de Loreto, la Marina de Guerra de Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Es en esta comunidad, enclavada dentro de la jurisdicción de la provincia de Maynas, al norte de Loreto, donde los vigías se han detenido para registrar su tarea. Allí tienen un puesto de control. La defensa del Pintuyacu es prioritaria porque es uno de los tributarios del Nanay, río cuya importancia es notoria por ser la principal fuente de agua de Iquitos, la capital regional y la más grande ciudad de la Amazonía peruana. El problema es que a pesar de los esfuerzos comunitarios actualmente ambos ríos están capturados por la minería ilegal. ¿Pero a qué se enfrentan Marcelina Angulo y sus compañeros, los demás defensores ambientales, cuando deciden oponerse a la minería ilegal, un peligro que acecha, como serpiente mítica a las aves, las majestuosas fieras, las apacibles criaturas, los viejos árboles y los milenarios ríos que cruzan Loreto? ¿Cuál es el crudo escenario que la minería ilegal ha erigido en 14 distritos de la región con su imperio de destrucción?
Monitoreo satelital realizado por Conservación Amazónica – ACCA en septiembre de 2023 para detectar minería ilegal en los ríos de Loreto. En tres años en el Nanay se identificaron 210 dragas. Fuente: Conservación Amazónica.
La agonía de los ríos y el oro que condena al Nanay
Frente a la muralla de árboles que crece en la orilla del Nanay, una barcaza de madera con 5 hombres a bordo hiere las aguas. El sonido del motor es lo único que se escucha en esos lares. Los hombres se mueven de un lado a otro, revisan una manguera que se adentra en las corrientes: están buscando oro, quieren obtener el brillo que se esconde en el oscuro lecho del río. Pero de pronto dos patrullas antimineras irrumpen en la escena. En los botes fuera de borda van montados comandos de las fuerzas especiales y dos fiscales. Uno de ellos es el abogado y fiscal ambiental Bratzon Saboya, implacable persecutor de la minería ilegal en Loreto. Saboya les pide a los mineros que se detengan, pero estos no le oyen. Se tiran a las aguas y nadan hasta alcanzar la selva, están a buen recaudo, encontrarlos es una tarea que tomaría días.
Después los agentes con fusil mano tomarán la nave y la inspeccionarán. Adentro hay enseres de cocina, una antena satelital para captar señal telefónica, radios, a veces incluso armas, equipos de buceo y varios galones azules repletos de combustible. Y aunque se lea sencillo, el riesgo es grande porque los mineros siempre tratan de hundir la draga, convirtiendola así en una bomba de tiempo. Después de inspeccionar de babor a estribor y de proa a popa la draga tendrá que ser ser volada por los aires. El estruendo seco de la dinamita es el segundo sonido que resquebraja el silencio y hace huir de las copas de los árboles a los pájaros. Así se habrá destruido otra draga, y será como cortarle una cabeza a la hidra, tal vez le crezcan dos o treinta más.
Equipo mixto de la Fiscalía Ambiental de Loreto y la Marina de Guerra del Perú interceptan una draga que operaba cerca de la cabecera de cuenca del Nanay. Los mineros ilegales huyen hacia el bosque para no ser capturados
El oro de los ríos de Loreto es preciado por los mineros ilegales; su valor, pureza y calidad enciende su codicia, es como un brillo que les hace venir de diversos lugares. Cada gramo puede llegar a valer 200 soles (44 dólares), y usualmente cada draga alcanza una producción que supera los 50 gramos diarios. Algunos provienen de otras regiones de Perú, otros de Colombia y Brasil. Las investigaciones de la Fiscalía Ambiental han determinado que estos ciudadanos extranjeros cuando ingresan a territorio peruano utilizan identidades falsas, usualmente tienen formación militar y cuando se asientan en las comunidades suelen generar vínculos fuertes con las autoridades locales que logran subyugar mediante sobornos —también llamados “impuestos” por los mineros ilegales— o amedrentamientos. También emplean a los jóvenes en sus dragas o les sirven de proveedores de insumos como petróleo o víveres. Este modo de operar es peligroso porque rompe el tejido social de las comunidades e instaura las variables reglas de una economía ilícita. En una región como Loreto, la segunda más pobre de Perú, donde el 58.6% de su población rural vive en pobreza, la minería ilegal se convierte en una salida económica para las comunidades con acceso limitado a servicios básicos, atención sanitaria, seguridad policial y capital educativo. La ausencia estatal es la chispa que enciende la pradera.
Un informe policial proporcionado por el Ministerio del Interior de Perú, al que se tuvo acceso para este reportaje, indica que las fuerzas policiales han detectado un crecimiento alarmante de dragas en los ríos Pintuyacu, Chambira y Nanay en los últimos años. El documento señala que en estas cuencas es donde se concentra la mayor cantidad de mineros ilegales que operan en la región.
El equipo mixto antiminería intercepta una draga, los ocupantes de la embarcación han huido dejando abandonados sus equipos. La presencia de los mineros ilegales cerca del Área de Conservación es cada vez mayor. Foto/ Fiscalía Ambiental de Loreto
Desde hace una década la actividad minera aluvial es practicada de manera ilegal en el río Nanay. Durante este tiempo los mineros han perfeccionado sus técnicas de comunicación, logística y organización, con lo que se han convertido –según los defensores ambientales locales y las cifras oficiales– en un peligro que el Estado peruano debe enfrentar rápidamente. Un monitoreo geosatelital realizado en 2023 por Conservación Amazónica, organización que mediante observación satelital identifica zonas de riesgo en la Amazonía, detectó 120 dragas operativas en el cauce del Nanay. Actualmente se han identificado 30 nuevas dragas activas. De acuerdo con el fiscal ambiental Bratzon Saboya, uno de los principales persecutores de la minería ilegal en Loreto, este año –desde enero hasta mayo– se registró la destrucción de 15 dragas.
Los equipos mixtos destruyen las dragas y los equipos usado en la minería ilegal porque trasladarlos del punto de operación hasta la ciudad es muy peligroso y conlleva una gran logística. Aunque el Congreso de la República de Perú intenta aprobar un proyecto de ley para impedir su destruccion, los fiscales ambientales opinan que esto es inviable.
Por su parte, Sidney Novoa, biólogo y director de tecnologías de Conservación Amazónica- ACCA, explica que han recibido una alerta de las autoridades ambientales para realizar un monitoreo en la cabecera de cuenca del río Nanay, cerca de la comunidad campesina Alvarenga y la comunidad indígena Puca Urco (perteneciente al pueblo ikitu), donde hay un grupo importante de dragas activas. Pero las condiciones climáticas actuales afectan la visibilidad satelital y han impedido el estudio.
En febrero de 2024 se detectó la presencia de dragas cerca de la cabecera de cuenca del río Nanay, el problema es que operaban dentro de la ACR Pintuyacu Chambira, y ya se han detectado los primeros casos de deforestación en la ribera del río. Fuente/Conservación Amazónica.
En el caso del Pintuyacu no hay una cifra oficial de dragas detectadas, y a pesar de que la presencia de mineros ilegales incrementó en 2023 los primeros operativos antiminería ilegal realizados por las autoridades ambientales apenas empezaron en febrero de 2024. Desde entonces, el registro de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto (FEMA) identifica la destrucción de tan solo seis dragas. Es preciso indicar que aunque esta cifra parezca muy pequeña, la FEMA no cuenta con presupuesto para ejecutar interdicciones.
Aunque la información es apremiante, las acciones gubernamentales contra el ilícito durante los últimos cuatro años son insuficientes o en algunos casos inexistentes. Por ejemplo, en octubre de 2023 la Unidad Desconcertada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú – Loreto le indicó al Ministerio del Interior que “no contaban con embarcaciones fluviales y motores fuera de borda [,] necesarios e indispensables para las Operaciones Policiales en el Departamento de Loreto”. El informe añade que la unidad solo cuenta con 19 policías para patrullar toda la región. El resultado de estas deficiencias podría ser que entre marzo de 2023 y marzo de 2024 sólo se han realizado 17 operativos policiales contra la minería ilegal en Loreto. Dos de ellos en el río Pintuyacu en el rango de un año.
Esta situación es crítica si tomamos en cuenta la capacidad de producción de las dragas, que puede llegar a alcanzar los 600 mil soles mensuales (150 mil dólares), según fuentes de la Fiscalía Ambiental; por lo tanto, los mineros ilegales cuentan con un capital financiero importante que les ayuda a afrontar las interdicciones y recuperarse rápidamente en caso de que su infraestructura sea destruida. Una muestra de esta suficiencia económica, y que la logística es superior a la respuesta estatal, es que en junio de 2023 fuerzas policiales hallaron en un campamento minero — levantado a orillas del río Napo— un motor valorado en 40 mil soles (10 mil dólares), en otro asentamiento cercano destruyeron herramientas y accesorios valorados en 100 mil soles (27 mil dólares) y dos dragas tasadas en 600 mil soles (160 mil dólares).
—Si destruyes una, puede que ellos hagan cinco más—, indica el fiscal ambiental Bratzon Saboya. Para añadir inmediatamente que la FEMA al no contar con presupuesto para realizar operativos debe pedir colaboración a las instituciones que sí cuentan con fondos importantes para este tipo de actividades, como la Marina de Guerra del Perú o la Reserva Natural Allpahuayo Mishana.
—Nosotros tenemos que esperar la disponibilidad de los demás aliados para poder ejecutar nuestras acciones. Pedimos logística, recursos, y cuando logramos juntar todo hacemos una interdicción conjunta—, precisa Saboya, quien es un hombre de traje y aspecto serio, pero cuando marcha a los operativos de campo va vestido de ranger y se adentra junto con los soldados de las fuerzas especiales por los ríos de Loreto en busca de los escurridizos mineros ilegales y sus balsas dragas. Usualmente pone en riesgo su vida, pues la presencia de las autoridades en terreno minero suele ser repelida con balas y amenazas. Tal como ocurrió en octubre de 2023 cuando mineros ilegales –para evitar la destrucción de una draga– intentaron quemar dos lanchas en la que se trasladaban 12 marinos y dos fiscales ambientales. Uno de ellos era Saboya.
Desde el 2020 hasta febrero de 2024 los grupos mixtos han sufrido cinco ataques por parte de mineros ilegales o comuneros afines a la actividad. Estas agresiones han ocurrido mayormente cerca de la cabecera de cuenca del Nanay donde —de acuerdo con un testigo de la zona cuyo nombre mantendremos en reserva— los mineros ilegales “dominan y controlan quién entra y quién sale”. Saboya también nos relata que en la emboscada de 2020 se logró identificar a los involucrados. Uno de ellos era el apu (líder) de la comunidad indígena San Juan de Ungurahual, pero la denuncia que pusieron fue archivada. De este modo entendieron que ellos también eran vulnerables ante la minería ilegal y al parecer tenían poco respaldo judicial. Aun así, el fiscal considera que alguien debe hacer el trabajo arriesgado, y no se desanima.
La misión de los grupos antimineros es detectar, capturar, examinar y dinamitar las dragas. Usualmente para encontrar estas barcazas deben navegar entre 12 y 14 horas. Cuando arriban a ellas casi siempre están abandonadas; sus ocupantes al ser informados de la presencia fiscal huyen hacia la selva. Saboya, que ha estado presente en decenas de operativos y ha visto saltar por los aires a una centena de dragas, motores y artefactos mineros, conoce cada punto de los ríos Nanay, Pintuyacu, y Chambira; además, ha identificado cómo la minería ilegal forja una nueva estructura social en las comunidades. Este conocimiento de campo le ayuda a comprender que la estrategia del gobierno para combatir la minería ilegal debe variar.
Destrucción de una draga en el río Pintuyacu. Las acciones de interdicción, según el fiscal Bratzon Saboya, son de suma importancia, pero no son la estrategia definitiva.
—Necesitamos una intervención integral para luchar contra la minería. El camino no es una intervención unitaria, ya se ha explicado a los diferentes organismos que se debe reformular la estrategia. Nuestras acciones de interdicción no son la solución definitiva. Son importantes para la investigación, es cierto, pero como Estado debemos ganarle a los mineros con alternativas de proyectos, mejoramientos comunales, brindar alternativas económicas y de progreso a las comunidades—, indica Saboya.
El fiscal añade que en estas zonas muy lejanas una draga suele ser una especie de núcleo económico en el que se benefician no solo los operadores, sino también quienes les venden insumos, víveres o aquellos que son una suerte de vigías que les informan si los grupos antimineros han entrado al territorio. Esto último se logra porque las barcazas de estos mineros cuentan con antenas satelitales que les permiten contar con señal telefónica en todo momento.
Respecto al punto de cambiar el rumbo en la lucha contra la minería ilegal, el procurador público del Ministerio de Ambiente, Julio Guzmán, señala que Perú no ha actualizado la estrategia desde el año 2012, menos cuenta con un mapa de lugares dónde operar y usar los pocos recursos que tiene. De este modo, cada esfuerzo contra la minería es aislado.
—Entiendo que el Ministerio del Interior está actualizando la estrategia de interdicciones. Aquí ya han visualizado los ríos de Loreto, y se están priorizando para las acciones tácticas y de interdicción. ¿Pero por qué no hacerlas ahora? aunque es un tema operativo que debe responder la Policía Nacional de Perú también tiene que ver con los problemas políticos, los gobiernos inestables, que se traducen en ausencia de presupuesto para abordar estos delitos — precisa Guzmán, quien además indica que es posible una presencia activa del Estado en las zonas con minería ilegal donde la situación se ha desbordado.
Para Sidney Novoa, de Conservación Amazónica, los problemas que afrontan las autoridades ambientales en Loreto e impiden la realización óptima de sus tareas—a pesar de su buena iniciativa— están ligados a temas logísticos y presupuestales. El especialista también es partidario de la presencia constante del Estado en las zonas críticas, dejando de lado la estrategia de operativos aislados, pues tal como sostiene el fiscal Saboya la recuperación rápida de la minería ilegal está unos pasos adelante de la respuesta estatal.
—Si el Estado no se mantiene en la zona, por más que haya destrucción de dragas, a los días puedes tener tranquilamente 15 embarcaciones más. Por otro lado, tenemos que los precios internacionales del oro siguen altos, y en Loreto tenemos la particularidad de que la minería ilegal tiene capitales extranjeros. Allí operan personas de otros países que forman parte de estructuras más complejas, tal vez hasta podríamos estar viendo crimen organizado— sostiene el biólogo, quien monitorea la Amazonía con tecnología satelital.
Novoa hace referencia al Datem del Marañón, una de las provincias loretanas más golpeadas por la minería ilegal, y señala que en un monitoreo realizado entre enero y mayo de 2024 notaron un crecimiento importante, a diferencia de otros años, de la actividad minera en todos los espacios: en los ríos, en sus orillas, en áreas de bosque, en comunidades indígenas. Ilustrando una situación donde este delito se ha desbocado.
—Y esto llama la atención—sostiene Novoa— porque hace poco se ha declarado al río Marañón como ‘sujeto de derecho’, y eso sale en las noticias como un gran logro. Pero yo digo que las declaraciones no son logros, mantenerlas y ejecutarlas lo son. Esto que se está viendo en el Marañón es más de lo mismo—. La denominación que alude Novoa como “sujeto de derecho” al río Marañón fue lograda por un grupo de defensoras indígenas del pueblo Kukama-kukamiria, en pos de proteger al río y sus afluentes de los constantes derrames de petróleo. Lamentablemente, la acción estatal sigue siendo insuficiente.
La minería ilegal en el Datem del Marañón ha invadido todas las zonas tanto pluviales como en tierra. De acuerdo con los especialistas entrevistados para este reportaje, la situación debe ser controlada inmediatamente.
Defender el territorio y los ríos: El oro y la muerte
Z.* espera la noche para huir de su comunidad awajun**, en el Datem del Marañón, con el dolor guardado en el pecho deja atrás a su familia y amigos. Debe marcharse porque ha sido amenazado de muerte por mineros ilegales. Durante un año, Z. ha registrado las actividades de las dragas y el avance de la tala ilegal. Con esa evidencia buscó el apoyo de las autoridades para que su territorio sea librado de estos azotes, pero la respuesta del delito llegó primero: en una reunión, donde acudieron autoridades comunales, se acordó que debía marcharse. Para Z., salir de su comunidad ha significado vivir a salto de mata, con la angustia a sus espaldas; la situación se complica más porque su lengua materna no es el español.
El esfuerzo de Z. no fue en vano, sus registros visuales y coordenadas trazadas llegaron a la Fiscalía Ambiental y su grupo mixto de interdicciones, desde entonces se han destruido 26 dragas entre enero y mayo de 2024 en el río Marañón. Y recientemente, en abril de 2024, en la comunidad de Saramiza (Datem del Marañón) se evidenció el uso de balsas “carrancheras” (plataformas de madera enclavadas en la orilla de los ríos que armadas con una manguera remueven el lecho fluvial) cuyo impacto en los cuerpos de agua es altamente contaminante y genera deforestación en los bosques amazónicos. Estas interdicciones refuerzan lo detectado por el biólogo Sidney Novoa e ilustran el paso destructor de la minería ilegal en esta zona.
Cinco dragas operan en el río Marañón. Los últimos moniterios de Conservación Amazónica indican que ya se ha registrado deforestación en las playas del río.
Los monitoreos satelitales de Conservación Amazónica realizados entre enero y abril de 2024 demuestran la rápida deforestación que está ocurriendo en los bosques que crecen junto al río Marañón, la causa es la minería ilegal.
En nuestro trabajo de campo, Z. nos comentó que está gestionando ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) garantías para su vida. Por su parte, el Minjus registra en Loreto, entre el 2021 y 2024, 30 situaciones de riesgo contra 61 defensores ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas; nueve de estas situaciones de riesgo involucran a 21 defensores ambientales que se oponen a la minería ilegal. El 2023 fue el año en el que más se presentaron estos hechos.
Según las versiones oficiales de la cartera de justicia, desde 2021 en todo el Perú han otorgado garantías a 160 personas defensoras de derechos humanos y/o familiares. Pero la realidad en el terreno es más cruda que en un papel. Al igual que Z., el defensor B., asentado en una comunidad cercana a la cabecera de cuenca del Nanay, también fue amenazado por mineros ilegales. Esto ocurrió cuando se enteraron que colaboraba con la Fiscalía Ambiental y que además había organizado a su pueblo para realizar operativos comunales que permitan frenar el contrabando de insumos y combustible para las dragas. En una de sus tantas interdicciones, el defensor B. logró incautar material de dos ‘señores del oro’: Pastuso y Tío Goldber. Al hacerlo, dio aviso a la Fiscalía Ambiental y a la Policía Nacional del Perú. Esto marcó un antes y un después en su vida.
Nube Roja accedió al registro del Minjus de situaciones de riesgo e identificó que el año más violento para los defensores ambientales fue el 2023.
B. cuenta que Luis Alexander López alias “Pastuso”, de nacionalidad colombiana, armó una cuadrilla para eliminarlo a él y sus compañeros de la guardia comunal. Desde entonces las amenazas empezaron a crecer. B. ya no salía a cazar fuera de su comunidad, incluso no se alejaba mucho de casa, y cada vez que logré conversar con él debía ser por teléfono y se aseguraba de que nadie estuviera presente. Recientemente, luego de dos años de pedidos y esperas, por fin le han comunicado que recibirá resguardo policial y garantías para su vida, lo que lo deja más tranquilo. Aún continúa con su lucha medioambiental, y en cuanto a Pastuso, su banda fue desarticulada, pero en un giro digno de la justicia peruana sus miembros quedaron en libertad y actualmente todos se encuentran inubicables.
El fiscal Bratzon Saboya señala que pronto solicitarán prisión preventiva y orden de captura para Pastuso. En cuanto a la protección de los defensores, es firme y señala que se les debe proteger en todo momento porque ellos son la primera línea contra la minería ilegal, pero es claro en advertir que estas medidas de seguridad deben ser efectivas.
—Para nosotros como Fiscalía es importante que se proteja a los defensores, es bueno ver que el Estado demuestra un interés superior por ellos, y todas estas medidas tienen que ser efectivas y no solo papel— señala el fiscal, que ha podido llevar adelante muchas investigaciones gracias al material proporcionado por los defensores y defensoras ambientales que son su enlace con el territorio.
Actualmente el Minjus ha creado las Mesas regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, cuya función es “facilitar la adopción de medidas y coordinaciones entre el gobierno nacional, regional, organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas, a fin de atender situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos”. En abril una de estas mesas fue constituida en Loreto, pero hasta el momento no ha sesionado.
Dragas operando cerca de las orillas del río Marañón. El Defensor Z. captó sus actividades en videos y fotografías.
Mientras tanto los defensores seguirán aguardando, aunque lo certero es que el riesgo para Marcelina Ángulo, B., Z. y los demás defensores es alto porque el escenario de los ríos de Loreto es inestable y de mucho riesgo. Aunque ellos, como lo dice Marcelina Angulo, continuarán en su lucha; camuflados tras los bosques, armados con sus móviles, binoculares y silbatos para mantener a raya a los mineros ilegales. Seguirán cuidando los árboles y los ríos, su Amazonía, aunque el Estado siga de espaldas.
Excelente reportaje, Leandro. Unos detallitos con los términos (fluvial por pluvial, por ejemplo), pero muy buen material! Felicitaciones.