Entre 2020 y junio de 2025 se han ingresado más de cincuenta mil casos de trata de personas en el Perú, de acuerdo con el Ministerio Público.

REPORTAJE

Madre de Dios:
Trata de personas crece con víctimas extranjeras y sentencias sin acusados

Por: Wilson Siancas

En Cobija, una ciudad boliviana ubicada a orillas del río Acre y fronteriza con Brasil, dos adolescentes de 17 años pensaron que habían encontrado la oportunidad de sus vidas. Una compatriota les ofreció trabajo fácil y bien pagado en Perú. Lo que parecía una propuesta generosa era, en realidad, una trampa de trata de personas. La mujer las sacó ilegalmente del país y las trasladaba hacia La Pampa, en la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, con el propósito de entregarlas a una red de explotadores que las obligaría a prostituirse.

En 2024, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, condenó a 14 años de cárcel a Nelsy Roca Hassan, la mujer que las captó y trasladó con el objetivo de entregarlas a sus explotadores.

No es un caso aislado. Las autoridades locales han intervenido en repetidas situaciones a víctimas bolivianas y venezolanas reclutadas con falsas ofertas de empleo, trasladadas por pasos ilegales y endeudadas desde el primer día con los gastos que los tratantes “adelantan”. Por eso la región de Madre de Dios, y sobre todo la zona minera de La Pampa, sigue siendo un territorio clave en el mercado de trata sexual de América del Sur.

Entre 2020 y junio de 2025, Madre de Dios registró 804 casos ingresados en la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), lo que la posiciona como una de las zonas más afectadas del país fuera de Lima. Según datos de la Fiscalía, sólo en 2024, Madre de Dios registró 191 casos, ocupando el tercer lugar entre las 12 regiones periféricas, solo por detrás de Piura y Puno, y concentró el 13,1 % de los casos regionales, pese a contar con una de las poblaciones más pequeñas del país.

La región Madre de Dios mostró un aumento entre 2020 (78 casos) y 2022 (195 casos), alcanzando un pico en 2024 (191 casos). Estos altos niveles se explican por su ubicación en la Amazonía, la proximidad a fronteras con Brasil y Bolivia, y la presencia de minería ilegal y deforestación, actividades que facilitan la explotación laboral y sexual.

Los bares en Madre de Dios muchas veces son cárceles para decenas de mujeres. La situación empeora cada día. Foto: Wilson Siancas

La región Madre de Dios mostró un aumento en casos de trata de personas: En 2020 se reportaron 78 casos, en 2022 fueron 195 casos, y se alcanzó un pico en 2024 con 191 casos. Foto: Wilson Siancas

En Puerto Maldonado, la fiscal Diana Aleida Valencia Koga señaló que en Madre de Dios se desarrollan acciones permanentes para combatir la trata de personas, lo que ha permitido identificar y auxiliar a víctimas peruanas y extranjeras, entre ellas mujeres bolivianas y venezolanas que migraron por la crisis en sus países y terminaron en situaciones de explotación.

“Estamos realizando constantes operativos en esta zona, se han logrado rescatar víctimas, no solo peruanas, sino también extranjeras. A lo largo de estos meses se ha advertido que la mayoría de las víctimas provienen de otros departamentos de Perú, entre Cusco, Puno, Huánuco, Lima, son los departamentos donde tenemos la mayor cantidad de víctimas, principalmente entre Cusco y Puno”, explicó la fiscal Valencia Koga.

Los registros oficiales de la fiscalía especializada de Madre de Dios evidencian que el delito de trata en la región amazónica tiene un carácter transnacional, aprovechando la cercanía con las fronteras y los corredores informales que conectan al Perú con países vecinos. Las víctimas —en su mayoría mujeres jóvenes— son captadas mediante falsas promesas de empleo y terminan siendo explotadas laboral o sexualmente en zonas de alta vulnerabilidad, como La Pampa.

En los registros de la Fistrap Madre de Dios destacan tres casos de víctimas extranjeras en los últimos años: una boliviana identificada en 2024 y dos venezolanas, reportadas en 2023 y 2025. Las redes de trata transnacional que operan en la frontera amazónica, aprovechan los corredores informales entre Perú, Bolivia y Brasil para el traslado y explotación de mujeres jóvenes.

Las víctimas peruanas identificadas entre 2023 y 2025 proceden principalmente de Cusco (12 víctimas), Lima (10), Huánuco (1), San Martín (1) y Arequipa (1). Estas regiones se han convertido en puntos de origen desde donde las personas son captadas y trasladadas hacia la selva sur, atraídas por supuestas oportunidades laborales que finalmente terminan formando parte del circuito de explotación.

En los últimos tres años, más de la mitad de los casos registrados corresponden a personas que llegaron desde otros departamentos, principalmente Cusco (13 %), Lima (11 %) y otras regiones como Huánuco, San Martín y Arequipa. Incluso se registró una víctima extranjera proveniente de Argentina. Foto.

El gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios, Rolando Palomino, aseguró que la trata afecta principalmente a las regiones del sur, el cual ha comprometido rutas y vías de acceso. En ese contexto, enfatizó que la lucha contra este delito debe abordarse mediante un trabajo de inteligencia articulado, un compromiso sostenido y, sobre todo, con los recursos económicos necesarios para garantizar su efectiva ejecución.

“Este problema ahora lo tenemos todos. Si bien la trata se da en mujeres y niños, no debemos olvidar que también hay hombres trabajando en minería informal, se da el trabajo forzoso. Y ahora el problema sigue siendo el mismo, que no se cuenta con el presupuesto debido o no se le da la importancia necesaria a este tema para poder asignar mayores recursos, sobre todo para la prevención”, sostuvo Palomino durante el II Encuentro Macroregional Centro-Sur contra la Trata de Personas 2025.

Madre de Dios sin cambios

El caso de Deysi, la adolescente hallada muerta a pocos metros del bar donde trabajaba en el año 2021, es quizás la prueba más dolorosa de que la situación nunca cambió en el tramo comprendido entre el kilómetro 98 y el 115 de la Carretera Interoceánica, en Madre de Dios.

Tras haber sido rescatada por las autoridades de un bar en la zona conocida como Delta Uno, Deysi regresó al mismo entorno, sin encontrar una alternativa real que le ofreciera un trabajo digno. La necesidad de mantener a su pequeño hijo y la ausencia de oportunidades laborales seguras la llevaron a volver al lugar del que fue salvada.

“Ella decide buscar trabajo y regresa, pero ya no a Delta, sino a la Pampa, que está en la carretera Interoceánica en el 108, y regresa a un bar. Durante los días que regresa es donde le ocurre esto, y la encuentran muerta a unos metros del bar, con signos de estrangulamiento. El homicidio sigue en investigación”, comenta la fiscal Valencia Koga, quien siguió de cerca el caso de la menor de edad.

Tras el Operativo Mercurio de 2019, que tenía como objetivo erradicar la minería ilegal y las redes de trata de personas en La Pampa, se generó una expectativa de cambio en la región de Madre de Dios. Sin embargo, la falta de apoyo logístico y de recursos impidió mantener una presencia sostenida del Estado, lo que permitió el resurgimiento de actividades ilícitas.

A seis años del Operativo Mercurio, La Pampa mantiene los mismos bares y locales donde persiste la explotación sexual. Foto: Wilson Siancas

Una de cada diez víctimas vuelve a ser explotada

La fiscal Diana Aleida Valencia Koga ha evidenciado como diversos casos de mujeres menores rescatadas vuelven a ser encontradas en su etapa adulta nuevamente en lugares de explotación. Según explicó, alrededor del 10 % de las víctimas rescatadas regresan a estos entornos, muchas veces porque no se reconocen como víctimas o no encuentran oportunidades laborales seguras que les permitan rehacer sus vidas lejos de la violencia y la vulnerabilidad.

Valencia señala que la falta de reconocimiento de la condición de víctima constituye una de las principales causas por las que muchos casos de trata no terminan en condena. Explica que, durante los procesos judiciales, esta situación dificulta la obtención de pruebas sólidas o la colaboración de las afectadas, lo que con frecuencia deriva en sentencias absolutorias para los investigados o acusados, tras determinarse que no existen elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal.

“Hay algunos casos donde la víctima es mayor de edad, cuando llegamos a juicio no se presentan, y si se presentan a declarar ya se presentan con otra historia, con otra versión, el testimonio de las víctimas cambia. Su versión de los hechos cambia y eso ha logrado que se absuelva o se tenga que archivar la investigación”, expresa preocupada.

Entre 2023 y junio de 2025 se emitieron 66 sentencias por delitos de trata de personas en Madre de Dios, de las cuales 37 fueron condenatorias (56,1 %) y 29 absolutorias (43,9 %). Si bien las condenas representan una ligera mayoría, la alta proporción de absoluciones —que en 2024 alcanzó el 57,1 % (16 de 28 sentencias)— evidencia una baja efectividad punitiva que debilita la lucha contra la impunidad en una de las regiones con mayor incidencia de este delito.

A seis años del Operativo Mercurio, La Pampa mantiene los mismos bares y locales donde persiste la explotación sexual. Foto: Wilson Siancas

Menores buscan oportunidades en bares

En septiembre de este año, el equipo de la FISTRAP Madre de Dios logró una condena de 14 años contra Gladis Huamán M. (30), alias “Dayana”, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de dos adolescentes de 15 y 17 años de edad.

Las menores fueron rescatadas de un bar situado a la altura de la Carretera Interoceánica, en el sector conocido como Aguajalito, distrito de Inambari. Una de las víctimas, a quien llamaremos Karla, relató que conoció a la propietaria del local a través de un amigo en común. Durante varios meses trabajó allí como “fichera”, hasta que decidió regresar a su hogar. Sin embargo, tiempo después volvió al establecimiento, esta vez acompañada de una amiga, a quien convenció para que también trabajara en el bar.

El trabajo de “fichar”, o el ser “fichera”, consiste en la venta de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. Pero esta labor implica también permanecer junto al cliente mientras este bebe, conversar con él, sonreír, mantener su atención. Esa compañía, que en apariencia parece parte del trabajo, muchas veces se convierte en una situación peligrosa. Algunos clientes traspasan los límites, las tocan sin consentimiento o las someten a comportamientos de connotación sexual, amparados en el falso pretexto de que “así es el trabajo”.

Luego están los llamados privados, espacios acondicionados dentro del mismo local donde las jóvenes pueden acompañar al cliente en un ambiente más reservado. En algunos locales, estos espacios también se utilizan para la prestación de servicios sexuales, conocidos como “pases”. Sin embargo, en otros casos, el acto no ocurre dentro del bar: el cliente paga un monto adicional por la “salida” de la víctima y la traslada a un hotel u otro lugar donde se concreta el encuentro sexual.

Tras el rescate de Karla y su amiga, ambas menores de edad, y sin una red familiar que pudiera brindarles apoyo, la Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Protección Especial (UPE), dispuso su traslado a un centro de acogida. La medida se adoptó como parte de las acciones de protección inmediata y con el fin de garantizar su integridad física y emocional mientras duren las investigaciones. Esta decisión se enmarca en lo establecido por el “Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 007-2023-IN.

“En Madre de Dios contamos con un Centro de Acogida Residencial, el CAR Florecer, que puede recibir hasta 16 jóvenes mujeres. Hubo un momento en que superamos esa capacidad y tuvimos que reubicar a varias de ellas en otros centros, como los de Cusco y Puno”, comenta la fiscal Diana Aleida Valencia, quien observa con preocupación la limitada capacidad de atención y el complejo tratamiento que enfrentan las víctimas en la región.

La fiscal Diana Aleida Valencia advierte sobre la insuficiente capacidad de los centros de acogida para atender a niñas y adolescentes rescatadas de la trata en Madre de Dios. Foto: Wilson Siancas

Con apenas ocho efectivos, la unidad policial de trata en Madre de Dios enfrenta a diario desapariciones y delitos vinculados a la explotación. Foto: Wilson Siancas

Pero la frontera no es solo física

En toda la región Madre de Dios —y especialmente en Puerto Maldonado y las zonas mineras— la búsqueda de empleo mediante redes sociales se ha convertido en el otro corredor de la trata. La investigación “Entre la precariedad y la búsqueda de prosperidad”, desarrollada por Promsex, analizó más de 32 mil anuncios publicados en plataformas como Facebook, TikTok e Instagram. El estudio identificó ofertas laborales vinculadas a bares difundidas en grupos de Facebook que promocionan empleos en áreas con altos índices de trata de personas, como La Pampa, Delta Uno, Laberinto, Huaypetue y Boca Colorado.

Para Vanessa Soto, responsable local de Promsex Madre de Dios, los captores dedicados a la trata de personas han encontrado en la virtualidad un escenario propicio para camuflar sus intenciones y captar víctimas menores de edad. Señala que esta modalidad no se limita únicamente a las redes sociales, sino que también se extiende a otros espacios digitales, como los videojuegos en línea, donde los tratantes logran contactar a víctimas cada vez más jóvenes.

“Si bien antes los letreros de ofertas laborales se ubicaban en espacios físicos, el día de hoy lo encuentras fácilmente a través de las redes, pero no solo eso, sino también las formas en las que las personas ejercen esa explotación también han cambiado”, sostiene.

Vanessa explica que las respuestas a estos anuncios están asociadas a la búsqueda de oportunidades y a los deseos de muchos jóvenes de superar situaciones de precariedad y vulnerabilidad. Asimismo, señala que existe una limitación en el control de este tipo de contenidos, ya que ello requeriría contar con personal policial especializado en informática, altamente capacitado y con un sistema de monitoreo permanente, que no existe actualmente.

En Madre de Dios los recursos para atender la trata de personas son limitados. La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas cuenta únicamente con cuatro fiscales —un fiscal provincial y tres adjuntos— para atender los casos de toda la región.

De igual manera, el área de trata de personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) dispone de un reducido equipo policial, conformado por ocho efectivos. Estos agentes no sólo investigan los casos de trata, sino que también asumen la atención de denuncias por personas desaparecidas, que pueden llegar a uno, dos o hasta tres reportes diarios, además de otros delitos conexos.

Esta limitada capacidad operativa dificulta la realización de grandes intervenciones o megaoperativos, lo que representa un desafío constante para las autoridades encargadas de enfrentar este grave delito.

La reintegración del Estado en incertidumbre

En el Perú, la lucha contra la trata de personas fue enmarcada en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, un documento que define la intervención conjunta de los tres niveles de gobierno. Esta política establece la articulación de 42 servicios del Estado, orientados a garantizar una atención integral para las víctimas, desde la prevención y persecución del delito hasta la protección y reintegración social, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el Ministerio de la Mujer no ha informado sobre un registro que documente los planes de reintegración y los resultados concretos en la reincorporación social de las víctimas de trata, pese a la presión constante de instituciones, organizaciones y colectivos que exigen mayor transparencia y seguimiento. Tampoco existe una partida presupuestal específica destinada exclusivamente a combatir este delito; los recursos utilizados provienen, en su mayoría, de presupuestos generales o compartidos con otras áreas, lo que limita la eficacia y sostenibilidad de las acciones emprendidas.

Rossina Guerrero Vásquez, directora ejecutiva de Promsex, señala que la reintegración de las víctimas es un proceso delicado, que requiere tiempo, seguimiento constante y recursos especializados, aspectos que —advierte— aún no reciben la atención suficiente por parte del Estado.

“Sin recursos es imposible avanzar hacia una verdadera reintegración efectiva y sostenible de las víctimas de trata de personas. La evidencia recogida en nuestras investigaciones indica que el proceso de restitución de derechos puede requerir, en muchos casos, un periodo aproximado de tres años, siendo además un proceso no lineal, prolongado condicionado por múltiples factores individuales y contextuales”, explica.

Al mismo tiempo, la experta reconoce que existen avances respecto al trabajo articulado entre instituciones públicas, organizaciones independientes y voluntarios para que algunas víctimas de trata se reintegren. Rossina Guerrero mantiene viva la esperanza de que aún es posible un proceso seguro para que las sobrevivientes retomen sus vidas y que otras mujeres no caigan en las mismas redes.

En regiones como Madre de Dios, donde la vulnerabilidad social es alta, revelar estas historias es indispensable para que las autoridades generen nuevas oportunidades para quienes buscan reconstruir sus vidas.