COBERTURA
COP30:
Financiamiento climático directo y demarcación de territorios, las principales demandas indígenas
Por: Alberto Ñiquen
Periodista Ambiental
Al cierre de esta publicación, en Belém do Pará, la ciudad anfitriona de la COP30 de cambio climático, se discute el último borrador del documento final que los negociadores de casi 200 países deben aprobar por consenso.
Mientras los delegados nacionales han debatido los borradores en la denominada Zona Azul de la COP, más de 3,000 miembros de pueblos originarios llegaron hasta Belém para reclamar no solo un asiento en la mesa, sino el control de la narrativa global sobre el clima. Bajo el lema «Somos la Respuesta», articulado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la, esta «COP de la Amazonia» ha visto protestas fluviales, bloqueos a entradas y marchas masivas que han visibilizado la brecha entre las promesas de los negociadores y las realidades territoriales.
La agenda indígena en la COP30 se centró en demarcación inmediata de tierras, financiamiento climático directo sin intermediarios estatales, rechazo al extractivismo, inclusión de los conocimientos tradicionales en los planes y compromisos nacionales (NDC) y justicia para defensores ambientales.
Territorio como política climática
Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, participa en la “Marcha Global: La respuesta somos nosotros” durante la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). Foto de Hermes Caruzo/COP30
Líderes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) exigieron que la demarcación y protección de las tierras indígenas sea el legado de la conferencia en Brasil.
“Nuestros pueblos, territorios y formas de vida tradicionales son parte de la solución para combatir la crisis climática, pero lamentablemente, la Conferencia de las Partes no considera oficialmente a los pueblos indígenas como negociadores. Por eso llevamos meses presionándolos para que la demarcación de las tierras indígenas sea un tema central en la agenda”, señala Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de APIB.
De hecho, uno de los principales lemas en la Marcha Global de los Pueblos Indígenas del 15 de noviembre fue «¡Nuestros bosques no se venden!». Para los indígenas de la PanAmazonía, la demarcación de sus territorios es un compromiso climático global.
Ketty Marcelo, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) reafirmó que la acción climática real nace en los territorios, no en los discursos. “Somos los pueblos y las mujeres indígenas quienes cuidamos a nuestra madre naturaleza, sostenemos la vida y enfrentamos día a día los impactos que otros solo mencionan en negociaciones. Por eso estamos en la COP30: para recordar que el mundo no puede seguir hablando de clima sin escuchar ni reconocer a quienes lo defendemos ancestral y colectivamente”, enfatiza.
Para los pueblos indígenas, los bosques no son únicamente una fuente de madera. “Constituyen nuestro hogar, medio de sustento, farmacia natural, reserva de agua, espacio espiritual y nuestro archivo de memoria ancestral. En la actualidad, se han convertido en un refugio estratégico frente a la crisis climática que pone en riesgo a toda la humanidad. Sin los pueblos indígenas no es posible conservar la biodiversidad, ni enfrentar de manera efectiva la crisis del cambio climático”, señala Tabea Casique, miembro del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
En tanto, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) insistió en que la seguridad jurídica de los territorios indígenas es una condición indispensable para garantizar la conservación. “No es un asunto simbólico: distintos estudios muestran que las zonas gobernadas por pueblos indígenas son, en promedio, las mejor conservadas del continente. Sin embargo, siguen siendo las más expuestas al despojo, la fragmentación y el avance de economías extractivas”, indica Ginny Alba, asesora de la OPIAC y secretaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Los territorios indígenas ofrecen algunas de las respuestas más eficaces del mundo a la crisis climática, desde la contención de la deforestación hasta el almacenamiento de grandes cantidades de carbono. Sin embargo, gran parte de estas tierras indígenas siguen sin reconocimiento formal, lo que las deja expuestas a invasiones como la minería ilegal, la expansión de la agroindustria y el acaparamiento de tierras, incluso para proyectos de energías renovables.
La COP30 ha impulsado compromisos para reconocer los territorios indígenas como soluciones climáticas. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la importancia fundamental de los territorios indígenas para promover una acción climática eficaz. Los líderes mundiales se comprometieron a asegurar 160 millones de hectáreas de tierras indígenas y comunitarias para 2030.
Sin embargo, las organizaciones indígenas afirman que las promesas siguen siendo insuficientes ante las amenazas a sus tierras. La comunidad indígena Munduruku, un pueblo que habita la cuenca del río Amazonas, lo dejó claro con un importante bloqueo en la COP30. Su acción generó largas filas en la entrada de la cumbre, retrasando a miles de delegados. La interrupción obligó a la presidencia de la COP a reunirse con los líderes Munduruku, quienes exigieron la demarcación de sus territorios y el derecho a ser consultados sobre los proyectos de desarrollo en su territorio.
Como respuesta Brasil, anunció durante la COP la creación de 10 nuevos territorios indígenas. Esta designación implica que esas zonas tendrán su cultura y medio ambiente protegidos por la ley brasileña, aunque esto no siempre se cumple.
«Ya no estamos para más declaraciones de buenas intenciones que se quedan en el papel. Los gobiernos firmaron el Acuerdo de París, se han comprometido a frenar la deforestación, pero en nuestros territorios la crisis avanza. La minería ilegal, los narcotraficantes y la expansión agrícola nos están arrinconando. Exigimos acción coherente», indica Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
La COICA buscó en la COP30 una mayor demarcación y protección de los territorios indígenas amazónicos, exigiendo la prohibición de actividades extractivas en sus tierras y la garantía de financiamiento directo para su gestión. Las propuestas se centraron en fortalecer los derechos territoriales como solución climática, con acceso directo a fondos climáticos y participación en la toma de decisiones globales.
Los pueblos originarios amazónicos incidieron también en la protección integral de todos los territorios indígenas, incluidos aquellos habitados por Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Financiamiento climático directo
Los pueblos indígenas reciben menos del 1% de los fondos internacionales destinados a la lucha contra el cambio climático, a pesar de ser los guardianes de millones de hectáreas de bosques. La investigación científica destaca que la gestión forestal llevada a cabo por estas comunidades es fundamental para mitigar el impacto del cambio climático.
Durante milenios, han moldeado y administrado vastas extensiones de selva tropical. Estas áreas no solo regulan las precipitaciones y almacenan carbono, sino que también son el hogar de una rica biodiversidad y una notable diversidad sociocultural. Recientes estudios han proporcionado datos que demuestran que las tierras que se han otorgado legalmente a los pueblos indígenas son los modelos más efectivos para la conservación de los bosques.
“Sin embargo, las barreras que enfrentan para acceder a financiación directa son sistémicas y generalizadas. Los criterios de elegibilidad a menudo no se alinean con las realidades operativas de las organizaciones indígenas, y las persistentes carencias de capacidad son el resultado de una histórica falta de inversión y de desequilibrios de poder que se remontan al legado colonial. Estas dificultades estructurales mantienen la financiación lejos de las comunidades que mejor protegen los bosques, obstaculizando su acceso a los recursos que requieren”, dicen Suzanne Pelletier y Víctor Gil, de Rainforest Foundation US.
“El financiamiento climático no es un acto de asistencialismo, sino una reparación histórica por siglos de destrucción de nuestros territorios”, subraya Ketty Marcelo, y agrega: “Los fondos climáticos deben fortalecer economías familiares y la autonomía comunitaria. Estos fondos siguen siendo insuficientes ante la pérdida de nuestros ojos de agua, de nuestros lugares sagrados y de nuestra conexión con la madre naturaleza”.
Uno de los principales retos de negociación de la COP30 ha sido la finalización de la Hoja de Ruta Bakú-Belém, cuyo objetivo es desbloquear 1.3 miles de millones de dólares en financiación climática. Sin embargo, los mecanismos de financiación climática tienen una larga historia de infravaloración del conocimiento y la gobernanza indígenas. Las organizaciones indígenas afirman que la equidad debe ser fundamental en estos compromisos.
Durante la COP30, se lanzó oficialmente el Tropical Forests Forever Fund, una nueva iniciativa para pagar a países por mantener bosques en pie. El objetivo es crear un fondo o mecanismo forestal mundial a través de contribuciones nacionales por un total de US$25,000 millones, que se espera sean cuadruplicadas por inversores privados, elevando el total a US$125,000 millones. Con el respaldo de 53 naciones y 19 inversores soberanos, el fondo reserva el 20% de su financiación para proyectos indígenas.
The Forest Tenure Funders Group también anunció una promesa renovada de 1,800 millones de dólares para apoyar los derechos de tenencia de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las comunidades afrodescendientes, reconociendo al mismo tiempo su papel en detener y revertir la pérdida de bosques y biodiversidad y en promover la resiliencia climática en ecosistemas críticos.
Sin embargo, los defensores de los derechos de los pueblos indígenas advierten que la financiación climática debe ir más allá de las cantidades monetarias. Exigen un cambio en quién controla los fondos y cómo se gestionan los proyectos. Colocar el liderazgo indígena en el centro de la financiación implica garantizar que las comunidades indígenas puedan recibir fondos directamente y contar con acuerdos justos que las protejan de los riesgos financieros.
Consultado al respecto, Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, señala que si bien este es un paso importante, “para ser realmente eficaz, el TFFF debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso directo y equitativo a los recursos que necesitan”. Resaltó que hay mucho financiamiento climático para la Amazonía, pero que no llega directamente a las comunidades indígenas, cuyas economías se han visto fuertemente golpeadas por crímenes socioambientales que afectan a sus aspiraciones de conservar su bosque y su vida. “Los pueblos indígenas también tenemos la necesidad de reactivar nuestra economía indígena de acuerdo a nuestros sus usos y costumbres. Buscamos el fortalecimiento y la sostenibilidad desde nuestra estructura organizativa indígena amazónica a nivel económico territorial. Ya lo estamos haciendo con el BID,” afirmó.
Por su parte, Fany Kuiru añade que “cualquier financiación climática que llegue a nuestros países debe incluir nuestros conocimientos tradicionales y garantías explícitas de respeto a nuestros derechos. Nosotros apostamos por el Fondo Amazonía para la Vida, que significa financiamiento directo para las organizaciones indígenas”, resaltó.
En este punto, es importante recordar que en la COP28, la COICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron un fondo de 10 millones de dólares destinado a proyectos de economía indígena en los nueve países de la cuenca amazónica, un paso significativo para empoderar a las comunidades indígenas, permitiéndoles gestionar directamente los recursos destinados a mejorar su calidad de vida.
Algunos indígenas brasileños tienen esperanza en el TFF, otros temen que repita fallos de REDD+, mecanismo internacional de las Naciones Unidas para mitigar el cambio climático, cuyo objetivo es ofrecer incentivos financieros a los países en desarrollo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la disminución de la deforestación y la degradación forestal.
“El TFFF no puede repetir prácticas colonialistas que nos ven como beneficiarios a los pueblos indígenas y no como sujetos de derechos”, indica Ketty Marcelo.
Aporte amazónico peruano
En Belém, Aidesep propuso mecanismos para gestionar el financiamiento climático. “Durante demasiado tiempo, el dinero destinado a proteger la Amazonía se ha perdido en sistemas que no entienden ni respetan nuestras formas de trabajo. Esta nueva propuesta que planteamos busca cambiar eso porque los pueblos indígenas ya tenemos experiencia manejando fondos directos de manera exitosa, un ejemplo de ello ha sido el MDE Saweto. Ahora, se trata de construir confianza y que se reconozca que sabemos cómo cuidar de nuestras comunidades, los bosques y derechos. Eso será posible con el acceso directo al financiamiento climático para implementar nuestras propuestas”.
La propuesta de Aidesep, con el apoyo técnico de Practical Action, se centra en cinco pasos clave para hacer que el financiamiento climático funcione para las comunidades indígenas:
–Acceso directo y sencillo al financiamiento: Las organizaciones indígenas pueden recibir y gestionar fondos directamente, con apoyo en el fortalecimiento de capacidades que refuerce el liderazgo y los sistemas locales.
-Respeto a la gobernanza indígena: Los procesos de rendición de cuentas deben reflejar la forma en que las comunidades indígenas se organizan y toman decisiones, sin imponer modelos externos.
–Participación equitativa en la toma de decisiones: Los pueblos indígenas deben ser socios plenos en la definición de decisiones de financiamiento, no solo beneficiarios.
-Priorización estratégica: Los fondos deben destinarse a áreas clave como la respuesta ante emergencias climáticas, el apoyo a mujeres indígenas, las economías verdes locales y la protección de defensores ambientales.-
-Alianzas globales más sólidas: Los mecanismos internacionales de financiamiento deben ser inclusivos, transparentes y diseñados para apoyar soluciones lideradas por pueblos indígenas.
Al fortalecer el liderazgo indígena y garantizar un mejor acceso a financiamiento, esta propuesta contribuirá a reducir los desequilibrios de poder, promover medios de vida más seguros y sostenibles para quienes habitan el bosque, y disminuir la presión sobre los ecosistemas.
“Esta propuesta tiene el potencial de cambiar esa realidad. Demuestra cómo el financiamiento climático puede ser más simple, justo y verdaderamente eficaz si se trabaja con los sistemas de gobernanza indígena, en lugar de alrededor de ellos. Si queremos avances reales en clima y biodiversidad, debemos confiar e invertir directamente en el conocimiento, el liderazgo y las soluciones que ya existen en los territorios indígenas. Hacerlo no solo protegerá los bosques, sino que también ayudará a reducir la desigualdad y la inseguridad que mantienen a la Amazonía atrapada en la pobreza”, dice Alicia Quezada, directora regional de Practical Action en América Latina.
Presencia indígena en el documento oficial de la COP30
La voz de los pueblos indígenas se ha sentido durante la COP30. Foto: Alex Ferro/COP30
Las negociaciones en la COP30 giraron en torno a la implementación del Acuerdo de París, financiamiento climático, metas más ambiciosas de los países parte, fortalecer la meta global de adaptación, combatir la deforestación, integrar perspectivas de género e indígenas en todas las acciones climáticas, entre otros.
Una demanda indígena ha sido la inclusión explícita del “consentimiento libre, previo e informado” en los marcos operativos de estos acuerdos, especialmente en aquellos relacionados con financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza y protección de bosques.
Noventa de las contribuciones nacionales (NDC) presentadas este año mencionan a los pueblos indígenas de alguna forma. Sin embargo, estas referencias difieren enormemente en su alcance: solo una minoría aborda explícitamente los derechos, la participación efectiva o la autoridad jurisdiccional.
El documento principal (Mutirão global), reconoce explícitamente que toda acción climática debe respetar, promover y considerar los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos territoriales y su conocimiento tradicional. Asimismo, resalta su rol importante y participación activa como actores imprescindibles para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y aumentar la ambición climática.
La COP30 en Belém será recordada no solo por los acuerdos que se firmen, sino por la potencia y organización de la voz indígena, cuyos miembros han logrado posicionar sus demandas no como un tema lateral, sino como central para la efectividad de la acción climática global.