FOTOREPORTAJE
Del hartazgo al grito colectivo:
“¡Que se vayan todos!” retumba en las calles del Perú
Por: Malú Ramahí.
Fotógrafa
*Texto: Redacción Nube Roja
El 15 de octubre, millones de peruanos marcharon en todas las regiones del país. Entre sus exigencias estaban la renuncia del encargado de la presidencia, José Jerí, la lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado, y el retorno de la institucionalidad democrática. En Lima, la movilización fue reprimida por la policía; un joven manifestante, Mauricio Ruiz, fue asesinado de un disparo en el vientre. Un Policía le disparó.
Su muerte —como antes la de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante el “golpe institucional” de Manuel Merino, y las de más de 60 manifestantes en el régimen de Dina Boluarte— testimonia el panorama antidemocrático y la inestabilidad política que padece el país andino hace más de 6 años.
Este fotorreportaje de Malú Ramahí documenta lo ocurrido el miércoles 15 de octubre en Lima: la indignación, la esperanza y el reclamo de un país que aún lucha por justicia y dignidad.
¿Por qué los peruanos vuelven a tomar las calles? El Perú vive una crisis institucional y democrática profunda.
El descrédito del Congreso, la posible incursión del crimen organizado en el aparato estatal, el incremento de la inseguridad ciudadana, las prácticas antidemocráticas de una clase política que actúa de espaldas a la ciudadanía han desatado una ola de indignación que se ha traducido en incontables marchas contra quienes ostentan el poder.
Mientras tanto el crimen organizado avanza. En lo que va del 2025 ya se registran más de 1.200 homicidios en el país, proyectando un año que podría ser el más violento de la última década. En paralelo, las denuncias de extorsión aumentaron un 478 % entre 2019 y 2024.
Y la indiferencia política no cesa. A ello se suma la muerte de más de sesenta ciudadanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión fue señalada por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos y por consolidar un poder autoritario sostenido por la alianza entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público.
Con su destitución el escenario no ha mejorado: la influencia del fujimorismo, junto con la llegada al poder de José Jerí —acusado de abuso sexual y corrupción—, profundiza la sensación de captura institucional y acrecienta el descontento del pueblo peruano.
En tanto la clase política —y quienes perdieron las elecciones— se aferran al Ejecutivo, el país sigue desangrándose entre la corrupción y la violencia.
Las muertes, la impunidad y la pobreza son el costo de una democracia capturada. En las calles, sin embargo, persiste una verdad incómoda para sus captores: el Perú no está en silencio; la generación Z grita por un país viable.
