Minería ilegal en el río Cenepa. Foto: María Goretti.

Para Martín Arana, especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques impulsada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS – Perú), el Estado no ha actuado de forma efectiva y articulada en el territorio Wampis. Arana refiere que las acciones de interdicción –acciones de intervención a la minería ilegal llevadas a cabo por la Policía Nacional de Perú y el Ejército Peruano– se han hecho de manera limitada, sin actuaciones destacables en contra de las que considera organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

 “Aquí es importante no solo las interdicciones, sino la investigación, sobre todo a las cadenas de los grupos organizados: los financistas, las redes de comercializadores que sostienen estas actividades. Porque, claro, se interviene una draga, dos dragas, y después vuelven a aparecer cuatro o cinco más”, explica Arana.

Las acciones concretas del Estado peruano en la zona se han centrado en declararla ocho veces en “Estado de emergencia”, estas medidas se tomaron entre junio de 2022 y marzo de 2024. Los resultados no parecen ser los esperados porque los mineros ilegales siguen operando, incluso con mayor impulso.

Este panorama de desamparo e indefensión también se proyecta hacia los Charip. Ellos ejercen su rol de vigilantes sin apoyo estatal y sin ninguna garantía frente a las amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales y madereros. De hecho, en 2022, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), sufrió el ataque de su sede por presuntos mineros ilegales. Perú tiene desde el año 2021 el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este debería garantizar la protección de quienes, como los Charip, defienden el ambiente. No obstante, su aplicación tiene serias deficiencias.

 Mar Pérez, abogada responsable de la Unidad de Defensores Ambientales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, es crítica con la aplicación del Mecanismo.

 “Definitivamente no está sirviendo para defender a las personas defensoras en riesgo. Incluso tenemos casos donde se ha producido el asesinato de una persona que tenía medidas de protección, el secuestro, el incendio de sus locales. El Mecanismo, primero, no llega a todos los defensores que están en riesgo y, segundo, incluso los que ya están en el Mecanismo no ven una reducción significativa de sus niveles de riesgo”, sostiene Pérez.

 Es más, este medio pudo constatar, por medio de la Ley de Transparencia, que el Ministerio de Justicia de Perú creó la “Mesa regional de Amazonas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” en diciembre de 2023, pero hasta el momento, de acuerdo a información obtenida, no se ha emitido una ordenanza regional que garantice su funcionamiento.

 “Nos sentimos totalmente abandonados, que no les importa lo que sucede con nosotros, en nuestro territorio”, sostiene Kefrén Graña, secretario técnico adjunto del GTANW. “A pesar que también somos ciudadanos nuestros reclamos no son atendidos debidamente”, concluye.