«Nos dicen que ya podemos beber el agua y comer los peces, pero al ver la contaminación que persiste en nuestras cochas y en el canal, decidimos, como comunidad, proteger la salud de nuestros niños y de nosotros mismos»
Miguel Ramírez, poblador de la comunidad Manco Cápac.
La comunidad de Manco Cápac ya no puede beber agua del Canal de Puinahua, un brazo del gran río Ucayali, ni comer sus peces con confianza desde que dos barcazas chocaron y expulsaron petróleo en sus aguas. Trans Fluvial Rey, la empresa responsable, no contaba con capacidad de respuesta efectiva, el petróleo se expandió, y no se consideró una Declaración de Emergencia Ambiental, pese a que denunciaron una disminución de peces, así como dificultades para su consumo.
Desde entonces, sus habitantes han tenido que dejar su actividad de subsistencia: la pesca, mientras que la respuesta de las autoridades—como un mal recurrente en el Perú— se hace esperar.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
La comunidad de Manco Cápac, en Loreto, ha acordado en conjunto no comer pescado ni tomar agua del Canal de Puinahua, el mismo que hasta hace meses les daba sustento y permitía cubrir sus necesidades diarias. Todo cambió desde que en marzo dos barcazas de la empresa armadora Trans Fluvial Rey colisionaron, provocando un derrame de hidrocarburos en el canal.
—La población no está haciendo sus actividades diarias como la pesca; de la misma manera, no está consumiendo el agua del río. Estamos buscando la forma de cubrir las necesidades del hogar —explica Jenner Canayo, apu de la comunidad de Manco Cápac, desencajado y desesperado —. Antes vivíamos de la pesca.
En ese canal, el crudo se extendió a más de 35 kilómetros en dirección aguas abajo, afectando a seis comunidades que dependen de sus aguas: Atún Poza, San Pedro I, Manco Cápac, Jorge Chávez I y Jorge Chávez II. El desastre no solo afectó el canal, sino también las cochas cercanas, poniendo en riesgo la Reserva Nacional Pacaya Samiria y sus zonas de amortiguamiento.
Una vez enterados por el derrame, las comunidades protestaron, e intentaron establecer contacto con el gobierno central. Por su parte, PetroTal, empresa que tiene sus instalaciones en el Lote 95, en el canal de Puinahua, también comunicó el derrame: de esta manera se iniciaron las primeras acciones de contención y supervisión.
Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evaluó la respuesta de emergencia y concluyó que la empresa Trans Fluvial Rey —empresa responsable de las dos barcazas que chocaron— no contaba con algún Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), herramientas para la prevención y control de daños en el medio ambiente, lo que no le permitía una respuesta organizada ante un incidente de tal magnitud.
Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Puinahua solicitó la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA), pero el Ministerio del Ambiente (MINAM), tras una evaluación, indicó que no se había detectado “un daño significativo”.
Han pasado seis meses desde el derrame, y el temor persiste en la comunidad. La desconfianza hacia el agua y los peces que alguna vez les alimentaron sigue latente.
—Nos dicen que ya podemos beber el agua y comer los peces, pero al ver la contaminación que persiste en nuestras cochas y en el canal, decidimos, como comunidad, proteger la salud de nuestros niños y de nosotros mismos —relata con cierta pasividad Miguel Ramírez, poblador de la comunidad, como si no hubiera soluciones, y queda rendirse.
Petróleo recogido en los primeros días por todas las comunidades indígenas afectadas del derrame en el canal de Puinahua. Según los pobladores, este petróleo logró extenderse hasta la entrada del área protegida Pacaya Samiria.
¿Cuál es la implicancia de PetroTal y Trans Fluvial Rey en el suceso? La relación entre estas empresas es una cadena de negocios que se encuentra en el centro de la crisis ambiental en el Canal de Puinahua, que en menos de tres meses ha sufrido dos derrames producto de estas acciones: antes del derrame de marzo, a inicios de enero, una embarcación había provocado un escape de hidrocarburos.
—Trans Fluvial Rey, forma parte del Grupo Henry, una empresa que se dedica a todo el transporte fluvial de la zona. Esta empresa fue contratada por otra empresa: Novum Energy, que había comprado hidrocarburo de las instalaciones de PetroTal —resume Mario Carranza, abogado de la Comunidad Nativa Manco Capac.
Así, una red de empresas se encarga de distintas partes del proceso con un solo objetivo en común: extraer y transportar petróleo. Sin embargo, cuando se produjo el derrame, las investigaciones y sanciones se dirigieron únicamente a la empresa responsable de las barcazas que colisionaron, Trans Fluvial Rey.
Fueron tres supervisiones del OEFA, y en la primera visita, los líderes de las comunidades afectadas mostraron recipientes y baldes llenos de crudo recogido del canal después del desastre.
Para mayo, en la última supervisión, los pobladores denunciaron que la pesca había disminuido alarmantemente, coincidiendo con el tiempo transcurrido desde el derrame. Además de manifestar que la salud de los menores de edad estaban siendo afectadas; sin embargo, la GERESA del GORE Loreto, informó que no había ningún caso relacionado de casos de intoxicación aguda y crónica por exposición a metales pesados e hidrocarburos.
Por su parte, Nube Roja y Latido Verde revisaron las conclusiones de las supervisiones del OEFA para verificar si la empresa Trans Fluvial había realizado las acciones de primera respuesta: en la zona afectada, los supervisores diagnosticaron que había indicios de que no se han cumplido dichas acciones, tales como la segregación, almacenamiento, recolección y transporte de los residuos sólidos generados por el derrame.
Además, la empresa no contaba con algún Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), lo que dejó a la comunidad sin una respuesta efectiva ante la emergencia en los primeros días.
—La afectación ambiental continúa y a sus actividades también, ellos dependen totalmente del río, porque no tienen otra fuente de agua. Entonces eso los pone en una situación sumamente delicada y crítica.— explica Carranza.
El OEFA también detectó que los niveles de oxígeno disuelto en el agua estaban por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua), lo que impide la supervivencia de peces, microorganismos y otras especies fundamentales para el ecosistema y la comunidad.
—Cuando usamos esta agua, notamos que cambia de color y se vuelve oscura, a veces casi negra o rojiza, lo que nos preocupa mucho por la salud de nuestra familia— comenta Ramírez.
Por otra parte, en las distintas supervisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el canal se han registrado una disminución de hidrocarburos; sin embargo, se ha notado aún la presencia continua de plomo, concluyendo que los esfuerzos de limpieza no han sido completamente efectivos para este metal.
Todos estos documentos citados fueron analizados para aprobar la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) en el canal Puinahua; sin embargo, se concluyó que no había alto riesgo para la población vulnerable ni impactos duraderos en la salud.
Sin agua dulce segura, la comunidad enfrenta una encrucijada. ¿Cómo beber, cocinar, lavar o bañarse?
—Esperando la lluvia— comenta con resignación María*, una madre de familia que ahora teme que sus hijos no estudien debido a la falta de ingresos. El sustento de su familia era la pesca, como la mayoría de los habitantes de la comunidad Manco Cápac.
Cuando llueve, empiezan a juntar agua con lo que tengan a la mano: utilizan botellas, bandejas, baldes y bidones, y les dura algunos días. Pero si no llueve, y todas las reservas han acabado, sacan agua del canal, y esperan no enfermarse con ese tenso color turbio que ha enfermado las corrientes.
*Nombre anónimo
Pescadores de las comunidades que rodean el canal recogieron los primeros residuos de petróleo que se había asentado en las hierbas y matorrales.