Carretera clandestina cerca de la comunidad Puerto Azul, al sur de la Reserva Kakataibo Sur Fotografía: Herlín Odicio
«Yo ya no vivo en la zona. Tenía que salir de mi comunidad, y ya no regresaré. No es porque no quiera, sino porque es un peligro. No quiero arriesgarme mucho»
Herlín Odicio, defensor ambiental, líder indígena de las comunidades Kakataibo.
El pueblo Kakataibo ha defendido por generaciones su territorio. Se han enfrentado a diversas amenazas: caucheros, evangelizadores, madereros y ahora a narcotraficantes. Este último peligro, que se eriza como un jaguar hambriento, se ha cebado contra sus líderes y abre pistas clandestinas en sus bosques y reservas.
El Gobierno Regional de Ucayali, desde el 2018 a 2022, detectó 55 narcopistas. Este fue el último registro. Entre 2023 y 2024 no se han vuelto a contabilizar. Uno de los defensores ambientales que ha denunciado esta situación, y ha sido amenazado por los narcotraficantes, es Herlín Odicio. A él le ofrecieron medio millón de soles por callar: cada vez que una avioneta con droga pasara por su comunidad, debía ignorarla. Se negó a ello. Entonces lo hostigaron y le pusieron precio a su cabeza. Después de estos hechos, cinco defensores de su comunidad fueron asesinados. Quedarse significaba su muerte, así que huyó.
En medio de la selva peruana y la indiferencia estatal, ¿cómo resisten los kakataibos?
Por: Jairo Rodríguez Delgado
No es la primera vez que Herlín Odicio aparece entre las fotografías de defensores ambientales asesinados. Su rostro resalta al lado de los otros: sus compañeros caídos en la lucha, muertos sin justicia. En la imagen, posa con una mirada afilada, y parece molesto. Semanas antes, en el canal oficial del gobierno peruano, también pasó lo mismo.
—Si me matan a mí, eso sería el fin del mundo—. Me contesta Herlín, cuando le pregunto acerca de ello. En esa ocasión, su fotografía se lucía durante una conmemoración de líderes indígenas asesinados en la Universidad Nacional de San Martín (UNSM).
Herlín pertenece a una de las nueve comunidades kakataibo asentadas en las regiones amazónicas de Ucayali y Huánuco, donde cinco líderes han sido asesinados desde abril de 2020 a la fecha. De los perpetradores de estos homicidios, solo Redy Rabel Ibarra —el asesino de Arbildo Meléndez, defensor de una de las comunidades— se encuentra preso. Sin embargo, la pena que recae sobre él es de solo 4 años y 7 meses de prisión. Luego de eso, saldrá libre. Ibarra fue capturado por la guardia indígena de la comunidad: un grupo de personas que conforman la defensa del territorio; y que hasta el momento, no está reconocida por el gobierno peruano.
Los otros defensores asesinados fueron Santiago Chota, Herasmo García, Yenes Ríos y Benjamín Flores. Sus casos aún no consiguen justicia, y no se han podido determinar a los culpables.
Durante el 2022, según el portal Global Witness, fueron asesinadas 177 personas defensoras de la tierra y el ambiente a nivel mundial. Además, se menciona que Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo para las personas defensoras. Entre 2014 y 2022, se han perpetrado 42 asesinatos, y la mitad se dieron en la región amazónica peruana.
¿Puede el Estado garantizar la integridad y el bienestar de los defensores ambientales? La primera institución responsable de proteger a los peruanos indígenas ante situaciones de riesgo, como vienen viviendo las comunidades indígenas kakataibo, es la Policía Nacional del Perú (PNP). Pero en las 9 comunidades kakataibo existentes, solo se cuenta con tres comisarías, precisa para Nube Roja el defensor Herlín Odicio, quien añade que incluso han perdido la confianza en los efectivos policiales. «No tenemos protección. Lamentablemente cuando llamamos a los policías, no podemos confiar. Porque a veces son hijos del cocalero, hijo del mismo narco», confiesa preocupado del bienestar de la comunidad.
Y ese es el mal, después de la indiferencia, que más los acecha: el narcotráfico.
Herlín Odicio, líder y defensor ambiental de las comunidades kakataibo, durante una reunión entre las diferentes comunidades indígenas de países latinoamericanos. Foto/Herlín Odicio
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Uno de los logros más significativos para la comunidad kakataibo fue la creación de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur el 12 de abril de 2022, luego de treinta años de espera. Esta área protegida tiene como objetivo resguardar los derechos, el hábitat y las condiciones de vida, con especial atención a las comunidades en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Comunidades alejadas que con una sola gripe, podría enfermar y matar a la totalidad de sus habitantes, porque no cuentan con las mismas defensas e inmunizaciones que los demás.
Dos días después de la creación de la reserva, se acercaron dos desconocidos a la casa de Odicio. Cuando escuchó que tocaban la puerta, se encontraba solo. Atendió, y le pidieron alojamiento por esa noche. Odicio se incomodó demasiado. Por esos días, se rumoreaba que los narcotraficantes ofrecían una recompensa por su muerte.
La forma en cómo se expresaban le generó desconfianza, sentía que le intimidaban con sus palabras. En ese momento, llamó y activó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Cada vez que una persona, ya sea líder o defensor ambiental, sufre atentados contra su vida o algún riesgo que afecte su bienestar, puede acceder a este sistema. Hasta julio del 2022, se han emitido 16 resoluciones de activaciones tempranas del mecanismo. Cinco de ellas, pertenecen a defensores que se encuentran en Ucayali.
Al momento de activarse, se les debería proteger con patrullajes policiales que custodien su hogar o trabajo. Además de contar con apoyo integral, facilidad de transporte, supervisiones y acciones legales. Si un defensor ambiental falleciera, sus familiares automáticamente reciben la protección del mecanismo activado.
El día que Odicio se sintió amenazado, hizo esto, pero nunca llegó el patrullaje policial: los efectivos se excusaron diciendo que no había combustible para llegar a su casa.
Así que las amenazas continuaron. La última vez que las recibió fue en las fiestas navideñas de 2023. Durante todo ese año, Odicio afirma que recibió alrededor de treinta amenazas que le obligaron a dejar su comunidad. Ya no se podía vivir tranquilamente.
Este tipo de problemas se han vuelto repetitivos para los defensores ambientales, más cuando no hallan solución: la mayoría de los casos de atentados contra la vida quedan impunes o los procesos judiciales demoran muchos años.
En cada conversación sobre este tema, Odicio reniega. Siempre cita como ejemplo el caso de los líderes de Saweto, proceso que lleva una década sin llegar a un veredicto final.
Otro caso que siempre regresa a su memoria, como un ave de mal agüero, es sobre el caso del apu Quinto Inuma, defensor ambiental del pueblo kichwa, de la región amazónica San Martín. A Inuma lo asesinaron cuando volvía a su comunidad. Odicio teme que le pase lo mismo, y no se anima a volver a su hogar.
Una vez que decidió salir para salvaguardar su vida —al tener activo su mecanismo de protección— unos efectivos policiales se acercaron para brindarle ayuda. Cuando lo vieron, le entregaron un cuaderno de control ciudadano, en donde tenían que firmar para dejar en claro que se efectuaba alguna protección.
Sin embargo, a la fecha, el cuaderno no cuenta con ninguna firma. La garantía de protección jamás se dio.
El cuaderno de control que le fue entregado a Herlín Odicio: No hay registro de recorridos, horarios o turnos de vigilancia de los oficiales de policía. Está prácticamente como nuevo. Foto/Herlín Odicio
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Desde que sucedió el asesinato de Arbildo Meléndez en 2020, Odicio tuvo reuniones con muchos ministros en nombre de la comunidad kakataibo. En las reuniones pedía financiamiento para retirar a sus demás compañeros defensores que vivían bajo amenaza. Pero dice que nunca lo escucharon.
Actualmente, las protecciones se financian a través de instituciones y organizaciones aliadas. Pero, una vez que se termina el dinero, nuevamente se sienten vulnerables. Muchos defensores y líderes se han visto obligados a dejar sus tierras por amenazas consecutivas. Llegando al exilio, y a lugares desconocidos, donde temen brindar información personal.
Existen muchas formas de amenazas hacia un defensor ambiental. No solamente a su persona, sino a sus seres queridos. Llamadas, mensajes provenientes de las redes sociales, e incluso amenazas directas. Intimidan, preguntan y golpean. Así pasó una vez con su cuñado cuando le preguntaron sobre el paradero del defensor: nunca brindó respuesta. Le dijeron que si volvían a verlo, lo matarían.
En el registro del ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se reporta, entre el 18 de junio de 2019 al 29 de febrero de 2024, 322 situaciones de riesgo que involucran a 585 personas defensoras de derechos humanos y/o familiares. Estos reportes se dieron en 19 regiones del país.
En ese mismo registro, Ucayali tiene 75 casos; y Huánuco, 20 casos de situaciones de riesgo. Cada caso reporta circunstancias que ponen en peligro la vida, integridad, libertad y seguridad de los defensores. Este tipo de situaciones pueden proceder de actividades ilegales como el narcotráfico.
Casa de Herlín Odicio en la comunidad. Tuvo que abandonarla debido a las constantes amenazas, y a la falta de protección. Foto/Herlín Odicio
Resistir al narcotráfico
Las comunidades kakataibo al sentirse desprotegidos, usan medidas de justicia que suelen ser resueltas por ellas. Si bien poseen una guardia indígena —un cuerpo de defensa que sustituyen las labores de los efectivos policiales— es insuficiente para hacerle frente a terceros con intereses peligrosos.
—Prácticamente, es enfrentar a la población frente a grupos con recursos armados —comenta Martín Arana, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS)— se delegan tareas donde el gobierno debería hacerse responsable.
La guardia protege a las comunidades de las amenazas y de los amedrentamientos que suelen ocurrir cuando se niegan a colaborar con los narcotraficantes. Esto se manifiesta en intimidaciones, explotación, y en asesinatos. Caso contrario, se muestran amables y confiables.
—Si se ofrece a una comunidad de bajos recursos, con una nula presencia del Estado, herramientas, infraestructura, e incluso obras de apoyo para una mejora de calidad de vida —plantea Arana— es muy fácil ser tentado por el ofrecimiento.
Según la Base de Datos de Centros Poblados Censales localizadas en la Amazonía, que actualmente posee el Ministerio de Cultura (MINCUL), de los 39 centros poblados kakataibos localizados, 35 no cuentan con servicios de electricidad, de desagüe y de agua.
Uno de estos casos es Unipacuyacu, una de las comunidades kakataibo que se encuentran dispersadas del centro. No cuenta con agua, luz ni servicio de alcantarillado. Lo mismo sucede con otras comunidades como Manco Cápac, Cumbre, Puerto Azul y Santa Martha. Las comunidades centrales como Yamino o Mariscal Cáceres apenas cuentan con servicios de electricidad.
Este registro que maneja el MINCUL cuenta con el apoyo del censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2017. El problema recae en que, de los centros poblados que se tienen identificados, tres no pertenecen actualmente a la comunidad kakataibo. Según Odicio, son caseríos cocaleros. Zonas remotas donde se siembra hoja de coca, y que se convierte en su principal actividad económica.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) —encargada de la lucha contra las drogas— registra en su último informe publicado en 2023, que en Perú se cuenta con más de 95 mil hectáreas de sembríos de producción de hoja de coca. Huánuco y Ucayali, donde se encuentran las comunidades kakataibo, registran más de 17 mil hectáreas de sembríos de hoja de coca.
Esta situación genera todo tipo de ofrecimientos relacionados con el narcotráfico. Una vez, Odicio recibió la propuesta de permitir el ingreso de avionetas cargadas de drogas por zonas remotas de su comunidad. Para ello recibiría un soborno de casi medio millón de soles por avioneta. Inmediatamente se rehusó y comenzó el hostigamiento que lo separó de su comunidad.
En este caso, el narcotráfico va sumando fracciones. Arana está seguro que en la práctica este tipo de sobornos incluye a personas de la comunidad como a funcionarios del gobierno. Todo a través del dinero fácil, e intercambio de intereses, para crear una red criminal que permita la incidencia de grupos ilícitos en estas zonas.
Una situación es resumida fríamente por el Ministerio Público: la entidad refiere que la falta de reconocimiento, titulación y/o georreferenciación de las comunidades, hace más fácil estas actividades ilegales. De esta forma, poco a poco engullen sus tierras a través de la posesión no autorizada.
Mientras tanto, Herlín Odicio se encuentra a kilómetros de su comunidad. Comenta esto en llamada. Su voz se alza cada vez que menciona cifras. Se llena de impotencia, porque quisiera estar defendiendo sus tierras y no opinando a través de un teléfono. Recuerda las limitaciones que tiene su pueblo y esto le entristece.
Sin embargo, pesar de la lejanía, ha decidido plantar pelea. Asiste a cada evento en el que alguna autoridad esté presente. Hace poco se encontró con la congresista Elizabeth Medina —congresista de Perú Libre— en una reunión regional. Cuando le tocó responder las demandas de los representantes indígenas, se les refirió como nativos, y a las comunidades como caseríos.
Odicio se enfureció al escuchar cómo los llamaban, porque demuestra que «no le interesa lo que él, y sus paisanos, viven». Eso le revela: el silencio con que el mundo le responde. Un silencio injusto.