Fotografía: Billy Torres/ORAU.

«Deben pensar en los niños huérfanos. Si [ las autoridades] hubieran hecho su parte el padre de mis hijos estaría vivo, no le hubiera pasado esto»

Julia Pérez, defensora ambiental, viuda del líder indígena Edwin Chota.

Un día los árboles de los inmensos bosques que rodean la comunidad ashéninka Alto Tamaya- Saweto empezaron a caer muertos por el golpe de las hachas y la letal mordida de las motosierras.  Lo verde mermaba y la oscura sombra de los traficantes de madera aumentaba. Pero el líder de la comunidad, Edwin Chota, desde el año 2008 decidió emprender una lucha silenciosa para librar a la tierra de tal mal. Denunció a diversas instancias estatales la deforestación, pero no encontró respuestas. Mientras tanto las amenazas de muerte aumentaban.

El 1 de setiembre de 2014, seis años después de emprender su defensa al territorio, Edwin Chota fue asesinado junto a los líderes indígenas  Jorge Ríos, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo. Los autores eran madereros ilegales.

Desde entonces las viudas de los defensores ambientales empezaron a librar una batalla tan dura como enfrentar a la tala ilegal: buscar justicia en Perú.

 

 

 

Por: Leandro Amaya Camacho

“¿Cuántos años son? ¿Cuántos años?”, pregunta Ergilia Rengifo. “Son diez años los que llevo luchando y pidiendo justicia para mi esposo, para mis hijos”, se responde. Una década esperando lo que sí se le debe, justicia para Jorge Ríos, su esposo, asesinado junto con Edwin Chota, Leoncio Quintísima, y Francisco Pinedo por madereros ilegales en septiembre de 2014, cerca de la frontera con Brasil, en Saweto, Ucayali.

Durante todo ese tiempo Ergilia, Julia Pérez y Lita Rojas— las viudas de Edwin Chota y Leoncio Quintísima— y Lina Ruíz, hija de Francisco Pinedo han ido y venido, salvando ríos, venciendo distancias, dejando sus casas y a sus hijos. Desde Saweto hasta Pucallpa. A veces hasta Lima. Diez años escuchando las preguntas de los periodistas; declarando; aguardando paciente a la justicia peruana, que cuando ya parece cercana de pronto algo se tuerce y aparece la indiferencia mostrando los dientes. Diez años desde que la infausta noticia del asesinato de los cuatro líderes de Saweto, los defensores del bosque, fue anunciada en  la comunidad y todo cambió. 

Cuando Ergilia habla no duda, a pesar de que el español no es su lengua materna. Es 18 de abril de 2024, y hace 7 días el poder judicial de Ucayali ha dictado en primera instancia la sentencia de 28 años de cárcel para José Estrada, Hugo Soria, Felix Atachi y Josimar Atachi los presuntos asesinos de los líderes de Saweto. Para Ergilia este es un paso importante, pero luego de tantos años de lucha no le parece que sea suficiente, no hasta que a los responsables realmente les alcance la justicia, aún así, quién les devolverá a ellas todos estos años poblados de angustia y tristeza.

—Ahora me siento triste porque veo que no estoy logrando todavía lo que debería ser— me dice y añade que durante todo este tiempo ha cumplido los roles de padre y madre, sin ayuda alguna, sobrellevando las vicisitudes que eso conlleva—; mis hijos me piden educación— cuenta Ergilia—, alimentos, me piden y… ¿de dónde voy a sacar? ¿adónde los voy a hacer dormir si no tengo casa? Hay una organización que [nos] está apoyando. Pero, ¿cuándo termine esta justicia quién me va a apoyar? ¿y si no llega esta justicia? somos tres viudas luchando, y la hija de una de ellas… la hija de la finada Adelina, ¿quién entonces nos va a ayudar después?— la pregunta de Ergilia es una interpelación certera a un sistema que les ha mirado de soslayo durante una década.

Las Viudas de Saweto, como les llama la prensa, al emprender su gesta judicial han dejado atrás sus casas, se han despedido durante largas temporadas de sus hijos e impasibles han soportado una vida plagada de privaciones, paciencia, dolor, desánimos y carencias. Una de ellas, Adelina Vargas, murió en 2022 sin alcanzar a ver un atisbo de justicia.  Parece ser que el  Perú se acuerda de ellas momentáneamente, especialmente cuando son entrevistadas en un pequeño espacio del noticiero o en las páginas intermedias del periódico; después el país echar a andar su rueda de indiferencia y olvido, y las viudas de algún modo vuelven a ser invisibles. Por ello la pregunta de Ergilia es fuerte, y resuena: ¿cuándo todo pase quién les brindará asistencia a ellas y sus hijos?

Junto a ella está Julia Perez, la viuda de Edwin Chota. Una mujer de mirada firme que en todas las fotografías mira directo a la cámara,  tiene los ojos negros y profundos. En una de esas tantas postales aparece con el rostro pintado, una franja roja le cruza los ojos y la nariz. Detrás de ella crecen y se entrelazan los árboles, apenas filtra la luz, lleva puesta una túnica azul, el pelo suelto y la mirada, como siempre, segura. Parece un espíritu que guarda los bosques. 

No estamos contentas, los que les hicieron esto siguen libres”, me dice Julia Perez. “Yo los quiero ver adentro a los que le hicieron esto a mi esposo,  ¿acaso ellos tuvieron pena de hacerle lo que le hicieron?, tal vez allí seré feliz y  podré volver a la comunidad”, durante todo estos años Julia ha soportado el gran yugo de la injusticia y la impunidad, y ha hallado más preguntas que respuestas, pero nada de eso parece doblegarla.

Hace unos días Dina Boluarte, fortuita presidenta de Perú, se reunió con las viudas para prometerles ayuda. Sin embargo, ninguno de los compromisos pactados en aquella reunión se ha cumplido. Para Julia Pérez, Boluarte solo las usó para aparecer en una fotografía.

—La presidenta [de Perú] que haga su parte porque se comprometió a ayudarnos, pero no está cumpliendo— Cuando Edwin Chota fue asesinado Julia estaba embarazada de su último hijo. Aún así, desde entonces ha tratado que los asesinos de su esposo, y líder de la comunidad Saweto, reciban la condena que les corresponde. Durante la larga distancia del camino que ha recorrido ha visto pasar siete presidentes de la República, y ninguno le ha brindado soporte ni soluciones a su único pedido: justicia, nada más que eso— Como peruana siento [esto] como un maltrato, nunca nos han querido apoyar a nosotras. Cuando yo he ido a Lima ni la presidenta ni la ministra [de Cultura] han dicho nada. Me siento molesta, no estoy tranquila. Solo quieren tomarse fotos para decir ‘ya la atendí’, solo palabras. Hacen mentiras nomás, toman fotos engañando—; comenta la defensora ambiental a Nube Roja

Perez intuye que están en la recta final del camino, pero conocedora de los reveses de la justicia peruana anuncia que sólo hallará tranquilidad cuando los acusados  sean encarcelados. Aunque esta vez han logrado una sentencia en primera instancia, nada les asegura que eso no cambie. Estos giros de la justicia se pueden rastrear desde 2018, cuando el exfiscal Julio Reátegui intentó excluir de la investigación a cuatro de los imputados. Pero no tuvo éxito en su iniciativa. Luego, en agosto de 2023, la Sala de Apelaciones de Ucayali anuló la sentencia de 28 años, emitida en primera instancia contra los acusados. De esta manera se volvió a juicio oral y las viudas debieron soportar un proceso que ya habían superado. La justicia parecía ser un pequeño haz de luz alejándose en la impenetrable oscuridad.

Luego de esta vuelta al inicio conversé con Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintísima. En aquella oportunidad, era noviembre de 2023, Lita comentaba que se sentía triste por «no ver justicia». No encontraba sosiego, ni tranquilidad, pasaba los días pensando en su búsqueda y propósito. 

—Venimos viajando, sufriendo, todo para buscar justicia. A mi esposo lo amenazaban los madereros. Años llevaba amenazado. Nosotros protegíamos el bosque, hasta ahorita lo hacemos— cuenta Lita Rojas—. Mi esposo me decía que no le iban a hacer nada [los madereros], yo escuchaba comentarios sobre las amenazas, le decía ‘no te vayas, te van a hacer algo’, y ahí pues ha ido, como siempre que defendía el territorio. Cuando lo asesinaron mi hija menor tenía 1 año y un mes, ahora tiene diez años ya—, Rojas narra que el día de la muerte de Leoncio, ella se quedó en la casa sembrando con sus hijos, era domingo cuando partieron y después no se supo nada más. Fue su tío quien le dijo que a Leoncio le había pasado algo. «Yo me he quedado triste, me ha dolido bastante», dice Lita Rojas y su voz es por un momento un murmullo.  

La muerte de su esposo no solo fue un golpe emocional, también se convirtió en un duro revés económico. Cuando él estaba vivo sembraba sus tierras, buscaba diversos trabajos para poder mantener a su familia. «Ahora yo sufro porque debo buscar en cualquier lado para atender a mis muchachos, ahora que estoy acá en Pucallpa me pregunto cómo estarán», dice Rojas. En aquel momento las viudas de Saweto llevaban dos semanas asistiendo a las audiencias que se realizaban cada dos días, debido a esto permanecían en la ciudad durante toda la temporada porque para ir de Saweto a Pucallpa se debe navegar cuatro días en bote, logisticamente cubrir ese viaje era imposible. Lita Rojas en esa soledad llegó a sentir muchas veces que no hay justicia. 

Julia Perez, viuda de Edwin Chota quien fuera líder de de la Comunidad Alto Tamaya- Saweto, estaba embarazada cuando su esposo fue asesinado. Foto/Billy Torres

Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, ha continuado la lucha de su madre Adelina Vargas quien murió en 2022. Cuando se anuló la sentencia a los acusados en agosto  de 2023, Lina en un acto de desesperación alzó los brazos y llorando pidió justicia por su padre.  Foto/Billy Torres

¿Justicia que tarda es justicia?

 

Yusen Caraza Atoche, abogado de las Viudas de Saweto, explicó a Nube Roja que la sentencia es importante porque “reafirma la existencia de  medios de prueba con los que se puede establecer que aquellas personas han cometido el delito”. Aunque hay un punto disonante en la sentencia: el monto de la reparación civil. Para la defensa la cantidad tasada es muy baja en comparación con todo lo que ha acarreado el asesinato de los líderes.  “Nosotros hemos solicitado un millón de soles, aproximadamente 250 mil soles por agraviado. Pero los jueces han planteado una reparación civil de 200 mil soles, o sea 50 mil soles por familia. Nosotros como parte civil  consideramos este monto muy bajo y haremos las apelaciones correspondientes”, señaló el abogado.

Otra gran preocupación que agita la tranquilidad de las viudas y su entorno— de acuerdo a las declaraciones de una fuente cercana al caso— es que los acusados han intentado comunicarse con ellas, situación que las lleva a un escenario de riesgo para sus vidas e integridad física.

Debido a esto Nube Roja se comunicó con la oficina de imagen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para consultar si Ergilia Rengifo, Julia Pérez, Lita Rojas y Lina Ruiz contaban con protección para salvaguardar sus vidas. A lo que el organismo respondió que tiene conocimiento de las situaciones de riesgo de las cuatro mujeres en su base de datos “Registro sobre situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos”, y confirmó que actualmente las viudas cuentan con garantías vigentes. El Minjus también indicó que entre el 18 de junio de 2019 y el 29 de febrero de 2024, se han identificado 322 situaciones de riesgo que involucraron a 585 personas defensoras de derechos humanos y/o familiares, en 18 departamentos y una provincia constitucional del país.

Estas cifras encienden más las alarmas en un país donde se registran 51 defensores ambientales asesinados entre 2012 y 2021, según el centro Global Witness. En este marco la sentencia en primera instancia a los asesinos de los líderes de Saweto marca un precedente en la lucha por la preservación ambiental de Perú contra los diversos ilícitos que la amenazan. 

Para el abogado Yusen Caraza el Estado debe hacer muchas mejoras en los ámbitos de justicia y protección de los líderes ambientales. “Aunque existen mecanismos intersectoriales, no es efectiva la protección que se necesita, si lo fuera no estaríamos hablando de defensores asesinados.  Aunque se otorgan resoluciones donde se dan garantías para la vida, sabemos que un papel no detiene una bala. Así que el estado debe tomar un rol protagónico en la protección. Por ejemplo en el caso Saweto hemos esperado diez años para obtener una sentencia de primera instancia, esto no debería pasar”, declaró Caraza a nuestra revista.

Para entender mejor el escenario de desprotección al que se enfrentan quienes defienden nuestros recursos naturales, Nube Roja entrevistó a Mariano Castro, director del proyecto Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y exviceministro de gestión ambiental. Para el especialista la decisión judicial es justa porque ha valorado las pruebas y la lucha de los defensores ambientales, aunque queda la sensación de justicia tardía porque para llegar a esta decisión se han tenido que esperar diez años. Mariano Castro, quien ve al Caso Saweto como un referente de justicia ambiental,  resalta la ausencia estatal en los lugares más alejados de la amazonía peruana, lo que permite el incremento de economías ilícitas, que al desbordarse «son un azote cruel y severo para las comunidades indígenas».

“Saweto está ubicado en uno de los lugares más alejados del país, y que efectivamente revela los problemas del acceso a la justicia que tiene la población amazónica en general. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos, ambientales y pueblos indígenas porque lo que ha ocurrido en Saweto se ha incrementado de manera significativa y grave en los últimos años”, sostiene el experto de la FCDS.

Castro indica que este año no se ha otorgado los recursos al Ministerio de Justicia que necesitaba para poder operar óptimamente su mecanismo de protección. Por lo que es necesario que el Estado corrija su rumbo e involucre a sus diversos actores para combatir los ilícitos. Respecto a este punto el Minjus comunicó a Nube Roja que el Mecanismo Intersectorial se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas que conforman el citado Mecanismo”, es decir, el mecanismo no cuenta con un presupuesto definido.

En cuanto a la vulnerabilidad de los defensores y defensoras ambientales, Mariano Castro indica que el “Perú debe aprender de esas lecciones dramáticas y fortalecer las políticas diseñadas para esta materia. Es una obligación del estado garantizar espacios seguros y propicios para el ejercicio de derechos, esto no está ocurriendo porque frente a acciones violentas de grupos criminales el Estado no es capaz de garantizar un entorno seguro”, declaró Castro quien también señala que el Congreso de la República archivó la ratificación del acuerdo de Escazú donde se toma en cuenta el objetivo de fortalecer la justicia ambiental y la protección de defensores ambientales. 

Finalmente el especialista recomendó vigilar la decisión de los jueces en segunda instancia y  velar por la seguridad de las viudas de Saweto, pues la sentencia no se va a ejecutar hasta que se ratifique, mientras tanto los acusados llevarán el proceso en libertad. 

Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintísima, cuenta a Nube Roja que durante muchos años su esposo y sus compañeros fueron amenazados por los taladores ilegales, hasta que fnialmente fueron asesinados. Foto/Billy Torres

Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, a pesar del desgaste emocional que significa buscar justicia durante diez años, mantiene intacto su pedido: que se encarcele a los culpables. Foto/Billy Torres

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Durante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, realizada el 30 de abril de 2024, los representantes de los diversos ministerios de Perú debatieron sobre el caso Saweto. Pero muchas de las intervenciones fueron generales, sin dar respuestas certeras o alternativas sólidas para el caso. Por ejemplo el ministro del interior habló de su experiencia como policía y de su sensibilidad,  por su parte Leslie Urteaga, ministra de cultura, mencionó las tareas generales que realiza su ministerio. 

En cuanto al viceministro de derechos humanos y acceso a la Justicia, Luiggi Pilotto Carreño, indicó que los hijos de Edwin Chota gozan de pensión por orfandad, al igual que uno de los hijos de Julio Quintísima. Por el lado del apoyo legal Pilotto Carreño intentó justificar la ausencia de apoyo estatal porque las viudas tenían defensa privada, pagada por organizaciones no gubernamentales. “Dentro de ese marco se ha pedido permiso a las viudas para que el caso no esté en manos de defensa privada, sino de nosotros”, agregó. 

Nube Roja se comunicó con una fuente cercana a las viudas, durante la realización de la sesión, para saber cuál era su postura ante este debate; de acuerdo a nuestra fuente, ellas no se mostraron contentas con las declaraciones de los titulares de cada ministerio. 

Cuando a Ergilia Rengifo le permitieron intervenir, lo primero que hizo fue interpelar a  Leslie Urteaga. Para Rengifo las palabras de la ministra de cultura no eran más que «mentiras» que le hacian sentir «vergüenza” porque a «ellas nadie las apoyaba». Luego de esta intervención se pidió que las viudas fueran concretas en su participación, por su parte la ministra respondió que su cartera estaba trabajando.

Quizá uno de los problemas que se puede identificar en el Caso Saweto es que se mira desde la otredad, desde la occidentalidad, pues ellas no solo buscan una solución de justicia, apelan a un acompañamiento político, una mejora en la estructura social, algo que parece ser muy difícil de entender desde  el centralismo. La primera señal de la incomprensión y la lejanía es pedirles que sean concretas en una lengua que no es la suya.

Entonces, ¿qué haría usted, estimado lector, si asesinaran a alguien que ama y debe esperar diez años para obtener justicia? ¿Más aún, qué haría si usted está embarazada, y su vida ha sido apacible, entre pájaros y árboles, entre el azul del cielo y el verde río, pero de pronto llegan hombres a talar sus bosques y reclamar como suyos aquellos terrenos donde usted creció, vivió, jugó, amó y soñó? ¿O qué haría usted si por defender el árbol que da sombra a su jardín alguien lo amenaza de muerte? Los defensores de Saweto ya no se pueden preguntar ni responder esto. Durante un plantón frente a la Corte Superior de Justicia de Ucayali antes de la audiencia final, uno de los asistentes alza un cartel que reza “la justicia que tarda no es justicia”, y tal vez la impunidad crece por nuestra indiferencia. 

 

«Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia». 

Paul Auster  (1947- 30 de abril de 2024)

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