Aproximadamente 200 enfermeras (os) y técnicas en enfermería del hospital Santa Rosa no han recibido sueldos desde el mes de setiembre y se encuentran firmando contratos cada mes, sin ningúna garantía de estabilidad laboral. Ellos fueron contratados bajo la modalidad CAS para ser personal de primera línea en atención a pacientes con la covid-19, por lo que el riesgo de su labor es sumamente alto.
Actualmente no sólo sufren la falta de EPP (equipo de protección personal) sino también la indiferencia de las autoridades regionales. Según indica el Lic. Carlos Córdova, dirigente del personal de salud, el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, les comunicó que no había presupuesto para cancelar sus honorarios, y una opción sería pagarles la mitad porque el MEF no había efectuado la transferencia del dinero. Es importante mencionar que la resolución ministerial 420- 2020- MINSA fija la escala salarial para el personal COVID-19, y en ella se señala que el profesional de la salud debe percibir una remuneración de 6 mil soles mientras dure la emergencia sanitaria, no hay ningún punto que señale una posible reducción de este monto.
Además, señalan una posible informalidad e ilegalidad en sus contratos. La primera vez que firmaron, las clausulas señalaban que las actividades laborales iniciaban el 21 de abril hasta que culmine la emergencia sanitaria. Luego, en octubre recibieron la llamada del directorio del hospital para recoger la copia del contrato, pero se dieron con la sorpresa que todo había sido modificado, la fecha de inicio de labores ya no era en abril sino el 1 mayo, lo único que permanecía del documento anterior era la última hoja donde estaba su firma. Es decir, habían anexado una firma sin consentimiento del empleado al nuevo contrato, lo cual es a todas luces un acto ilegal. Después de este hecho la situación se tornó inestable, según denuncian ahora existe otro tercer contrato cuya duración es de tan solo un mes, y se debe ir renovando continuamente, lo cual los deja en un escenario de incertidumbre laboral (es necesario saber que aquí también se ven afectados sus beneficios laborales, lo cual es preocupante tratándose de personal que está expuesto a un virus mortal).
Durante el desarrollo de esta noticia, se publicó en la página oficial del hospital un comunicado donde se anunciaba que todo el personal debería firmar un nuevo contrato (número 4) de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, lo cual es inexacto pues no se señala de que lineamientos se trataría.
Una de las licenciadas, quien prefirió mantener su nombre en reserva por miedo a las represalias, contó que su primer contrato no tenía sellos oficiales, ni la firma del director del hospital Edwin Chinguel, lo cual les suscitó dudas, pero en vista de la necesidad laboral decidieron proceder.
“Nosotros le dijimos (al director) que era un delito lo que se había cometido, pero alegó que no sabía nada. Los encargados de administración también dijeron que no sabían nada. Por eso anularon ese segundo contrato, ellos sabían que era ilegal, ahora han hecho otro que señala que nuestro contrato va del 1 de mayo al 31 de mayo, quiere decir que debemos renovar cada mes. Incluso la cláusula del sueldo ha variado, ahora dicen que será de acuerdo a lo que la institución tenga para darnos. Nos pueden cortar el contrato cuando ellos quieran”
Estas son las palabras de una enfermera que durante la pandemia de la Covid-19 ha puesto en total riesgo su vida para cumplir con su loable labor.
Si no se soluciona este problema, de acuerdo a lo que les han comunicado a los profesionales de la salud, se tendría que despedir parte del personal, lo cual sería preocupante en una región donde la Covid-19 ha cobrado más de dos mil vidas y los contagios (más de 37 mil casos) siguen elevándose exponencialmente.
Es verdad soy técnica de enfermería q esta desde el 15 de marzo trabajando en Carpa COVID no es justo q ahora quieran estar con cambios arbitrarios y quienes estuvimos y pusimos el pecho se nos trate así